Tramita actualmente el Congreso colombiano la Reforma Pensional, un proyecto de ley que genera posiciones encontradas, como quiera que se trata, ni más ni menos, de la subsistencia de millones de colombianos.
En Colombia hay alrededor de 2.135.000 pensionados; de ellos, 1.600.000 en Colpensiones, 270.000 en Fondos Privados y el resto en otros regímenes. Ahora bien, ¿cuántos colombianos, con edad cumplida, no reciben hoy una pensión? Es aquí donde surge la primera gran falla del sistema pensional: la Cobertura. Hoy, aproximadamente, apenas 3 de cada 10 personas en edad de pensión, reciben una mesada, lo que deja por fuera a más de 5,2 millones de adultos mayores sin sustento propio.
Pero la baja cobertura no obedece únicamente a un sistema pensional mal concebido, como en efecto lo está el colombiano. La baja cobertura está ligada también al alto grado de informalidad laboral. En Colombia, casi la mitad de los trabajadores son informales, es decir que no cotizan al sistema de seguridad social (el DANE tasó la informalidad en 43,9% al mes de abril pasado). Definitivamente ningún sistema pensional en el mundo está hecho para la informalidad.
Por eso, en honor a la verdad, un hecho positivo de la propuesta es la intención de ampliar la cobertura de pensionados, i) estableciendo el pago de un “subsidio” de $223.000 mensuales a las personas mayores de 65 años que jamás han cotizado o han cotizado poco, lo que beneficiaría a 2,6 millones de persona; y ii) una renta vitalicia, con un rendimiento del 3% anual, para aquellos que cotizaron pero no les alcanzó el número de semanas para la pensión.
Y ¿de dónde saldrá el dinero para estos subsidios? Todos los trabajadores, obligatoriamente, deberán cotizar a Colpensiones hasta por los primeros 3 salarios mínimos, lo cual le generaría al Estado colombiano la “caja” suficiente para asumir el pago de subsidios y pensiones; y por encima de los 3 salarios mínimos, los cotizantes podrán decidir si aportan a Colpensiones o a un Fondo Privado.
De otro lado, el proyecto dispone, entre otros, dos aspectos no menos importantes: i) acertadamente respeta los derechos adquiridos de quienes tienen más de 1000 semanas cotizadas a cualquier régimen, dándoles la posibilidad de escoger donde pensionarse en las mismas condiciones actuales; y ii) favorece a las madres de familia con un beneficio de 50 semanas por cada hijo, hasta 3, reduciéndoles significativamente el número de semanas para alcanzar la pensión.
Queda por verse el impacto macroeconómico de la reforma, pues es evidente que en el largo plazo será mayor el número de “viejos” y menor la población joven, por lo que en algún momento colapsaría el sistema, desbaratando el noble concepto de “solidaridad generacional”. Así mismo, habría que evaluar las consecuencias de reducir a la mínima expresión los Fondos Privados de Pensiones (¿acabarlos?) al quitarles la mayor porción de sus cotizantes, lo que seguramente se traduciría en la disminución del ahorro agregado de la economía, limitación a la financiación de la deuda pública (los Fondos son principalísimos compradores de TES) y desfinanciación de grandes proyectos de infraestructura, entre otros.
Queda un largo camino por recorrer. Y si bien se trata de un proyecto que apunta a la ampliación de la cobertura y a una mayor equidad, no es menos cierto que en el largo plazo podría generar grandes nubarrones a la economía. Lo más sano para el país sería conciliar posiciones para no dejar hundir una iniciativa que no resulta del todo mala.
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AL MARGEN: Agradezco  la generosidad del señor Director al permitirme retornar a este importante espacio. Espero acompañarlos quincenalmente con temas económicos de interés nacional, regional y local.