En su libro “La Reforma Rural para la Paz”, Alejandro Reyes recogió el testimonio de un viejo campesino: “Los agricultores de Montes de María estamos viviendo de cuatro cosas: venta de minutos de celular, ventas ambulantes de tinto, mototaxismo y venta de chance. Ninguna de esas actividades nos permite alimentar a la familia”. En el campo colombiano (“centros poblados y rural disperso” según el Dane) viven cerca de 12,5 millones de personas. La Encuesta Nacional de Calidad de Vida nos dice que 75,3% de las mujeres y 78,6% de los hombres que viven en la ruralidad se identifican como población campesina. 
El reporte más reciente señala que la incidencia de la pobreza monetaria en el campo es 44,6%: poco menos de 5,5 millones de personas. La pobreza extrema rural llega al 18,8%, así que 2,3 millones de personas afrontan la misma situación de aquel viejo campesino de Montes de María: no les alcanza para comprar la canasta básica de alimentos. A pesar de su pobreza y de la falta de acceso a asistencia técnica, crédito y riego intra-predial, además del lamentable estado de las vías terciarias, la Misión para la Transformación del Campo halló que la agricultura familiar (los campesinos) contribuye con poco más de la mitad de la producción agropecuaria del país. Así que el argumento con el que en el pasado se optó por otorgar subsidios a personas adineradas y a grandes compañías, asumiendo que estas, y no los campesinos, son eficientes, carece de validez.
El informe de la Comisión de la Verdad, en “El Campesinado y la Guerra” (2002), estima que de los 10’606.125 hechos victimizantes reportados en el Registro Único de Víctimas, 4´827.550 (45,5%) afectaron a personas campesinas. Los campesinos “son más del 45% de las víctimas registradas en 8 de los 16 hechos victimizantes documentados”. El campesinado colombiano es un grupo poblacional históricamente desaventajado, sometido tanto a la violencia directa de la guerra como a la violencia estructural de un estilo de desarrollo sesgado en su contra. Por esa razón, tiene plena justificación la propuesta de apoyar su movilización y procesos organizativos. No hay nada en el texto que aliente a invadir tierras o bloquear carreteras. Propone apoyar la conformación y funcionamiento de los Comités Municipales y Territoriales para la Reforma Agraria cuyas funciones serían formular planes de implementación de la reforma, hacer control y veeduría, sistematizar experiencias e impulsar espacios de intercambio técnico y político. A lo que debe prestar atención urgente el gobierno actual no es a las voces guardianas del statu quo rural sino a la seguridad en los territorios: apoyar la organización y movilización no es viable sin cuidar a la gente. 
La vocinglería desmedida en contra de esa propuesta de decreto pone en evidencia el carácter profundamente reaccionario no solo de ciertas élites rurales sino también de buena parte de nuestra cultura política, proclive ora a menospreciar a los movimientos sociales y populares ora a atribuirles un carácter violento y finalmente, a avalar la respuesta armada a la demanda social. La Anuc fue promovida por el gobierno de Carlos Lleras a fines de la década de 1960 con la idea de que la organización y la movilización campesinas aumentaran las posibilidades de éxito de la reforma agraria. Luego, Misael Pastrana y su Pacto de Chicoral la sepultaron y lo pagaríamos muy caro después. La Reforma Rural es modesta y liberal. No hay motivo para tanto escándalo. 
Nota al pie: Es la primera vez que no le envío la columna a Nicolás Restrepo Escobar. Me entristece no hacerlo. Para él toda mi admiración y gratitud.