Solo quienes hemos hecho empresa en Colombia, sabemos la cantidad de riesgos que se corren desde el inicio y que permanecen en el tiempo: financieros, de mercado, operativos, reputacionales, macroeconómicos, laborales, estratégicos, legales, y en esta última categoría podemos destacar, sanciones por incumplimiento normativo, falta de licencias o permisos incompletos, demandas laborales o comerciales, cambios en la carga impositiva, salario mínimo o cargas laborales.
Toda esta presión la asumen única y directamente quienes con coraje nos hemos atrevido a hacerla sacrificando tiempo discrecional para la familia y hasta la salud. En este espacio me voy a referir a la carga laboral y sus consecuencias. Para definir técnicamente un salario mínimo se requiere combinar criterios económicos, sociales y productivos, teniendo en cuenta información verificable y metodologías claras en términos técnicos.
Un salario mínimo técnicamente bien definido cubre necesidades básicas; mantiene el poder adquisitivo; crece acorde con la productividad (mide cuánto produce en promedio un trabajador); capacidad de pago de las empresas (especialmente énfasis en las Pymes); no destruye empleo formal y es macroeconómicamente sostenible, es decir, cuando no provoca efectos secundarios que terminen dañando el crecimiento, el empleo, la inflación, las finanzas públicas. Si no cumple lo señalado puede ser popular en el corto plazo, pero insostenible en el mediano. Deja de ser técnico y pasa a ser político.
El reciente aumento desproporcionado del salario mínimo de un 23,7% que hizo el Gobierno Progresista de Petro, lo que equivale a 18.6 puntos porcentuales por encima de la inflación (IPC), puede funcionar como una narrativa engañosa en época electoral, al presentar una mejora aparente del ingreso, mientras se omiten sus efectos negativos sobre el empleo y la informalidad, ya que fuera del salario mínimo hay un aumento de cargas no salariales, seguridad social, pensiones, riesgos laborales, parafiscales.
Más del 90% de las empresas en Colombia son Pymes que generan alrededor del 80% del empleo formal en el país, muchas son microempresas con un peso muy alto, se calcula alrededor del 94%; es decir, empresas con menos de 10 empleados o muy bajos niveles de ingresos con alto riesgo de destrucción de empleo formal por no soportar el aumento del costo laboral.
En el 2025 más de 13.6 millones de personas ocupadas estaban en la informalidad laboral, de un total aproximado de 24.4 millones de trabajadores, lo que significa que alrededor del 56% de los ocupados no tienen empleo formal con contrato y prestaciones sociales.
Otros efectos o consecuencias son:
- La presión inflacionaria futura. Las empresas trasladan el mayor costo laboral a los precios de servicios con mayor intensidad en mano de obra, como servicios de vigilancia y aseo, el costo de la vivienda en especial la de Interés Prioritario y la de Interés Social (VIS) que se calculan en salarios mínimos, restaurantes, cafeterías, bares y servicios personales como peluquería, salones de belleza, talleres, mensajería, transporte urbano entre otros.
- Se disminuye la competitividad. Sectores intensivos en mano de obra pierden competitividad frente a importaciones.
- Impacto fiscal y parafiscal. Muchos pagos públicos están indexados al salario mínimo, (contratos, subsidios, aportes), aumentando el gasto público y la presión sobre el déficit fiscal.
- Beneficio concentrado. Solo beneficia directamente a quien ya tiene empleo formal y con salario mínimo.
Se genera entonces una paradoja: se presenta como una política “Progresista”, pero excluye a los más vulnerables que suelen estar en la informalidad.