Da miedo y preocupa la actitud del secretario de gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero, frente a las denuncias de que en zona rural de Riosucio hay grupos armados ilegales.

Es inaudito que ni siquiera le quepa la duda.

Asombra su falta de empatía con las comunidades al desestimar las denuncias que han hecho ante el personero. Asombra que desconozca el contexto de violencia que sufrió esa zona hace años.

Es irrespetuosa su posición ante el trabajo de la Defensoría del Pueblo. Su posición, en resumen, raya con lo irresponsable.

Para él son solo hechos de oídas: que alguien dice que alguien más vio o escuchó, o como expresó hace unas semanas en UMFM: “Cada que se avecina una campaña política empiezan a hablar, precisamente, que hay presencia de un grupo de guerrillas allí, y que el panfleto y que la amenaza, y pasa la campaña política y no se vuelve a hablar del tema. Hay actores que hacen su política basada en generar pánico, terror y zozobra en la comunidad buscando un resultado electoral. No nos extraña que esto tenga algo qué ver con eso”.

Pero el lunes, el medio digital de investigación Pensé que 'voz' sabías, La Patria y el Observatorio de Violencia y Paz de Manizales publicaron una investigación en la que la Defensoría del Pueblo confirma la presencia de Grupos Armados Organizados (GAO) en el alto occidente de Caldas (Riosucio, Supía y Marmato).

Además, la investigación hace un recuento de varios hechos puntuales: quema de trapiches paneleros, aparición de grafitis alusivos al Epl y al Eln, hostigamiento y amenazas a los reincorporados de las Farc en la zona, la investigación de la muerte (el año pasado) de uno de ellos.

Denuncias de presencia de hombres armados, vestidos con ropa oscura que se movilizan en motos por el territorio en la noche. Hechos que el secretario sigue desestimando sin dar razones serias y de peso, resultado de investigaciones contundentes.

En entrevista con Gómez Escudero para la investigación publicada dijo perlas como las siguientes: “Hoy Riosucio no es estratégico como corredor de movilidad, ni tampoco para una renta criminal de algún grupo armado ilegal”.

“Lo que genera la Defensoría del Pueblo son unas alertas de denuncias que en muchas ocasiones incluso no tienen fundamento, yo no estoy desestimando la labor de la Defensoría, ni mucho menos”, y dijo además, aunque no quedó en el texto periodístico, que en la zona no se han presentado combates. ¿Tenemos que esperar que los haya para que las autoridades hagan algo?

No se trata de crear pánico, ni de exagerar las cosas, y tampoco de emprenderla contra un funcionario, pues también preocupa la posición de la Policía y del Ejército, que igual niegan la situación, aunque aceptan que la minería ilegal y la presencia de grupos armados ilegales en la vecindad son un peligro inminente para Caldas.

Pero sí se trata de exigir lo mínimo, que escuchen a las comunidades, que investiguen con profundidad y que tomen medidas de prevención serias, como lo pidieron ayer en la Asamblea de Caldas personeros de varios municipios, líderes indígenas, defensores de derechos humanos y académicos, entre otros.

Sesión de la Asamblea en la que las autoridades se fueron por las ramas y presentaron unos informes flojos, mientras que los líderes denunciaron más hechos preocupantes.

Hay que recordar que en 2019 las autoridades de Caldas negaron hasta el cansancio que hubiera cultivos ilícitos y La Patria tuvo que ir hasta zona rural de Samaná, mostrar fotos y la ubicación en Google Maps para que lo reconocieran. En ese entonces las autoridades también desestimaron las denuncias de la población y una alerta de la Defensoría del Pueblo.