En su informe trimestral ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, destacó que los compromisos del proceso de paz se están cumpliendo en buena medida, pero lamentó el alto número de líderes sociales y excombatientes de las Farc que han caído asesinados después de la firma de los acuerdos, a finales del 2016. De hecho, aseguró que mientras estos homicidios se sigan presentando la posibilidad de alcanzar la paz en el país no se podrá concretar.
La violencia en diversas regiones está silenciando voces de personas que denuncian el actuar de grupos criminales relacionados con el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, o que simplemente reclaman la restitución de tierras en zonas que hace algunas décadas fueron el epicentro del conflicto armado. Este panorama es grave, en contraste con cerca de 9 mil de excombatientes de las Farc que ahora, de la mano de la Consejería para la Estabilización, que dirige Emilio Archila, forjan nuevas vidas con proyectos productivos y trabajo honesto, pese a las permanentes amenazas contra sus vidas.
Ante los evidentes avances la gran responsabilidad del Estado es proteger el proceso, aprovechar la positiva dinámica de los exguerrilleros y acelerar en la implementación de todos los puntos del acuerdo, para cerrar las grietas que pueda tener el nada fácil camino de construir la paz. De la misma manera, se necesita que los organismos de investigación y los entes de justicia descubran a los responsables de los asesinatos de líderes y los juzgue en proporción al impacto de sus actuaciones. Solo combatiendo la impunidad de manera efectiva en estos casos será posible evitar nuevas muertes y sentar las bases de una paz estable y duradera. 
Es triste que en lo que va de enero se tenga un reporte de 18 líderes sociales asesinados, y tenemos la esperanza de que en el 2020 estos actos lamentables puedan ser bloqueados, y avanzar de manera franca en la paz, y sobre todo en el afianzamiento de una democracia fuerte, respetuosa de los derechos humanos y de la diversidad de opiniones. En este sentido, como lo destacó el propio Ruiz Massieu, es positivo que la gran mayoría de los nuevos alcaldes y gobernadores que acaban de posesionarse hayan manifestado la decisión de apoyar el proceso de paz y coadyuvar en la construcción de una mejor Colombia, pacífica y productiva.
Se necesita un mayor respaldo del Gobierno Nacional y demás instancias del Estado a los organismos de justicia transicional, la Comisión de la Verdad y la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, entre otras, para que puedan avanzar más rápidamente en su trabajo y entregar resultados que sean favorables al objetivo de erradicar todas las expresiones del conflicto armado. Desde un principio se sabía que la implementación de los acuerdos no sería un asunto fácil, pero sí es posible avanzar más rápido, sin poner palos a la rueda y sin tratar de ignorar los compromisos asumidos en puntos como la participación política, la lucha contra la corrupción y las políticas de desarrollo rural integral.

El interés de la comunidad internacional acerca de los avances y obstáculos de la paz es fundamental para seguir adelante, ojalá más rápido, igual que la actitud de los colombianos en general para salir de las polarizaciones y su decisión de aportar semillas de paz en la vida cotidiana. Que las Naciones Unidas tenga reportadas 34 masacres en Colombia durante el 2019 con 125 víctimas fatales (el número más alto desde el 2014) es algo preocupante, que debe ser analizado y encontrar la manera de ponerle freno. La paz necesita mayores esfuerzos de todos.