En un mismo día, 28 de diciembre, se impuso la más grande multa en la historia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y se conoció la reciente libertad del principal implicado como funcionario estatal en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Curiosa coincidencia en un caso que en otros países de América Latina ha tenido contundentes consecuencias para personajes poderosos del más alto nivel y que aquí se ha quedado estancado en mandos medios que, supuestamente, recibieron todos los sobornos o que sacaron de su bolsillo millonarias sumas para asegurar contratos a favor de las empresas para las que trabajaban.
Es así como, luego de cumplir la mayor parte de su condena (5 años y 2 meses de prisión) por haber recibido cerca de 6,5 millones de dólares (unos $25 mil millones) por la adjudicación del tramo II de la Ruta del Sol, el exviceministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales quedó en libertad condicional. Sin embargo, desde marzo pasado había logrado el beneficio de casa por cárcel, por lo que en esa fecha fue trasladado desde una prisión de Sucre a su residencia en Cartagena. Hay que recordar que su corta condena se debe a un principio de oportunidad con la Fiscalía General, y con ello no fue procesado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos a cambio de ser testigo contra otros procesados.
Aunque hay más condenados por este caso, las mayores penas han sido para el expresidente de Corficolombiana José Elías Melo, con 11 años de prisión, impuesta en abril del 2019, y el empresario Enrique José Ghisays Manzur, quien a mediados de 2017 fue condenado a 7 años de cárcel pero su pena fue aumentada a 10 años por el Tribunal Superior de Bogotá en 2018. Con la decisión de la SIC de imponer una multa por $295 mil millones, por la existencia de un acuerdo anticompetitivo que permitió la adjudicación del contrato del tramo II de la Ruta del Sol, se va cerrando este capítulo. Algunos piensan que esta decisión se da por fuera de los términos, por lo que no podría aplicarse.
En la misma determinación que sanciona a la Constructora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht Participaciones e Investimentos S.A., Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana), Estudios y Proyectos del Sol SAS (Episol); Concesionaria Ruta del Sol SAS en Liquidación (concesionaria) y Gabriel Ignacio García Morales, la SIC archivó las actuaciones contra funcionarios del grupo Aval a quienes les había formulado pliego de cargos en el 2018, por considerar que no participaron en los actos relacionados con la Ruta del Sol II.

Según la SIC, “hubo pagos irregulares, que se materializaron a través de la instrumentalización de diferentes contratos, lo que les permitió dividir los costos derivados del pago del acuerdo anticompetitivo y desplegar una estrategia de compensación a través de una adición contractual, con la finalidad de extraer indebidamente la mayor utilidad posible del proyecto”. O sea, que no solo hubo sobornos para quedarse con el contrato, sino que se acordó sobrevalorar la obra, con lo que le resultó más cara a los colombianos. Algo como eso debería significar sanciones más severas y del más alto nivel. Si bien este es un avance en las investigaciones y sanciones queda el sinsabor de que todavía no es suficiente.