La lamentable estadística de que en el 2020 se registraron 88 secuestros en Colombia y que en este arranque del 2021 ya se contabilizan, por lo menos, cuatro casos, debe llevar al Gobierno Nacional a reaccionar de manera decidida para ponerle freno a este fenómeno, antes de que se desboque. Los cuatro casos corresponden a los de dos extranjeros y dos militares, lo que nos remonta a lo que ocurría en las peores épocas del conflicto armado, cuando las Farc eran las principales responsables de crímenes tan execrables como estos.

Recientemente también hemos visto cómo las masacres en diferentes regiones del país, las cuales también se creyeron superadas con la desmovilización de los paramilitares y la firma del acuerdo con las Farc, siguen en incremento de manera preocupante. Igual ocurre con la, al parecer, incontenible ola de asesinatos de líderes sociales que en este arranque de año llega a la veintena de casos. Todos estos son fenómenos de criminalidad y violencia que han ido resurgiendo de manera tímida, pero que ante la ineficaz acción del Estado se han convertido en factores desestabilizadores y generadores de terror en el país.
Hoy se cuenta con innumerables organizaciones criminales, herederas del fenómeno paramilitar, y disidencias de las Farc que se dedican a toda clase de actividades ilegales, desde el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el contrabando y también el secuestro, afectando de manera grave a cientos de comunidades que tras la desaparición de la principal guerrilla del país tenían la esperanza de empezar a construir paz. Sin embargo, lo que hemos visto es que solo hay una mutación del fenómeno de violencia frente al cual el Estado se ha quedado corto para contenerlo y eliminarlo.

La afirmación de que el 2020 tuvo una cifra menor en secuestros, comparada con la del 2019, en lugar de tranquilizarnos nos debe llevar a tomar medidas que ojalá nos conduzcan al fin de ese delito en Colombia. Los secuestros de dos militares en la zona del Catatumbo (Jesús Alberto Muñoz Segovia y Yonny Andrés Castillo Ospino) y de dos ciudadanos colombo-italiano y colombo-canadiense en el municipio de Páez (Cauca) nos tiene que preocupar de manera seria, porque además del componente económico que siempre hay detrás de este delito, podrían empezar a resurgir situaciones de presión al Estado con diversos fines malévolos.

Sin duda, el hecho de que el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos se haya demorado en copar los espacios dejados libres por las Farc, tras su desmovilización, y que actual gobierno le haya puesto palos en la rueda a la implementación del acuerdo de paz desde el principio contribuyó para que ahora se tenga una situación de orden público compleja, frente a la cual las distintas fuerzas militares se quedan cortas para conjurar las acciones criminales.

Hoy se necesita una reacción más decidida y con resultados. Esperamos que con la llegada del nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, se profundice el trabajo estratégico que lleve a derrotar el crimen organizado y a cerrar la posibilidad de que los fenómenos de violencia sigan ganando terreno. Todo esto juega en contra de la posibilidad de que venga más inversión extranjera y de que el turismo tenga la oportunidad de desarrollarse mejor en Colombia.