El pasado lunes el presidente Iván Duque anunció un Estatuto de Protección Temporal orientado a regularizar la presencia en Colombia de cerca de 2 millones de venezolanos (el 56% de manera ilegal), quienes han huido de su país a causa de la crisis política, económica y social generada por el gobierno de Nicolás Maduro. La decisión, que corrige lo que Duque había dicho con respecto a la vacunación de los migrantes del vecino país, se ajusta a tratados internacionales suscritos por Colombia, en los que se exige actuar con criterios humanitarios en estos casos.
 Es acertado el cambio de rumbo en esta materia, y ese gesto lo viene reconociendo la comunidad internacional, que muestra ahora a Colombia como ejemplo de lucha contra la xenofobia y de fraternidad con ciudadanos que no han tenido más opción que salir de Venezuela para no seguir siendo víctimas de los desaciertos de una dictadura irracional. Brindar esta herramienta era algo que había que hacer más temprano que tarde, tomando en cuenta que en nuestro país está el 34% de los venezolanos que salieron en los últimos años (casi 5 millones) en busca de un mejor futuro.
 Ante el hecho innegable de la presencia de ciudadanos venezolanos en las calles de nuestras ciudades, es mejor avanzar hacia una mejor convivencia con ellos, de la mano de la solidaridad. Es mejor escoger el camino de prestarles servicios, reconocerles derechos y resolver problemas que el del rechazo egoísta o de la negación de una situación que repercute en nuestra cotidianidad. Logrando que se registren y que legalicen su permanencia en nuestro país, así como abriéndoles las puertas del mercado laboral Colombia gana y hacia el futuro serán más los beneficios que los perjuicios.
 Ante lo que ocurre en Venezuela también está ahí el desafío de encontrar una salida democrática, que permita hacia el futuro cambiar para bien la realidad de los ciudadanos de ese país, de tal manera que muchos de los migrantes opten más adelante por regresar a su tierra natal a continuar allí sus vidas. En ese sentido, y ante el cambio de gobierno en los Estados Unidos, que tomará seguramente un rumbo diferente en las estrategias para lograr esos cambios profundos que se necesitan en Venezuela, el gobierno de Duque también debería estar abierto a un cambio que privilegie la diplomacia. 

Debemos ser conscientes de que, según proyecciones oficiales, a finales del 2021 podrían haber salido de Venezuela unos 6,2 millones de personas, lo que haría que la presión migratoria en nuestro país sea muy fuerte. Así, el proceso de regularización, que es limitado a los migrantes que llegaron antes del 31 de enero pasado, y que tendrá una vigencia de 10 años, solo debe ser una pieza en el andamiaje de las soluciones. Hay que buscar que la comunidad internacional aplique el principio de la corresponsabilidad, y aporte soluciones concretas en asuntos como la generación de los puestos de trabajo que necesitan los venezolanos aquí. Resolver ese asunto no puede ser solo un problema de Colombia.