Chinchiná (Caldas), al lado de La Plata (Huila) y Piendamó (Cauca) comenzaron a aplicar la prueba piloto del Piso Mínimo de Protección Social reglamentado el año pasado, con el que se busca brindar seguridad social a los trabajadores del agro en Colombia. Colpensiones y la Federación Nacional de Cafeteros ya trabajan en esta estrategia, que comenzó a regir desde el pasado 1 de febrero, con lo que avanzan en hablarles de esta posibilidad a decenas de caficultores en las jurisdicciones de estos municipios, de acuerdo con las bases de datos que tienen los comités de cafeteros locales.
En el caso de Chinchiná se tiene un potencial de 242 caficultores que podrían comenzar a beneficiarse de este sistema, cuya escogencia se hizo por estar en el régimen subsidiado de salud y, por supuesto, en el Sisbén. Por lo pronto se les brindará la información y se les explicarán los derechos y deberes que adquieren, mientras que se alista toda la estructura administrativa (como red de pagos y planillas) para que el sistema funcione como está previsto, lo cual debe traducirse en calidad de vida para el campo.
Los beneficiarios de este Piso de Protección, en las modalidades obligatoria y voluntaria, deben tener ingresos mensuales inferiores al salario mínimo mensual o no contar con cobertura de salud y pensión. De esta manera, se pretende que sus aportes a salud se les reconozca como un ahorro para la vejez, por medio de los Beneficios Económicos Periódicos (BEP), además de un seguro inclusivo para cubrir algunas enfermedades relacionadas con el trabajo que desarrollen, y también una indemnización a la familia y un amparo exequial en caso de fallecimiento.
El mecanismo de este sistema parte del aporte del empleador, que será el 15% de lo devengado por el beneficiario, donde el 14% se ahorra en BEP y el 1% cubre el seguro inclusivo. De esta manera se da un paso significativo hacia la formalización del empleo agrícola, que hacia el futuro debe tender a una mejora de la calidad de los empleos. Desde hace décadas se esperaba que se avanzara en esta dirección. Una repercusión positiva de su puesta en marcha podría ser que muchos campesinos que han pensado en migrar a las ciudades se queden en sus parcelas contribuyendo de manera positiva a la seguridad alimentaria de Colombia.
Si bien este sistema todavía puede ser más ambicioso, es un primer paso valioso que podrá ampliarse con el tiempo hasta convertirse en una protección completa e integral para las familias campesinas, que son indudablemente la base de nuestra economía, lo cual debe ser bien valorado. En esto hay que tener claro que cerca de 2 millones de personas en Colombia podrían ingresar de manera obligatoria, y otras 7,5 millones podrían aprovechar este sistema de manera voluntaria (personas con bajos ingresos, por cuenta propia).

En este camino de avance hacia la equidad quedan, sin duda, muchas tareas pendientes, y debemos aspirar a un sistema pensional más equilibrado, en el que ningún colombiano se quede sin recibir una retribución en su vejez. Especialmente, en nuestro sector agrícola persisten estos problemas que debieron ser resueltos desde hace décadas, pero como dice el adagio popular “es mejor tarde que nunca”.