Transparencia Internacional dio a conocer su Índice de Percepción de Corrupción (IPC) por países. De nuevo Colombia está más cerca de cero - corrupción muy elevada-. Obtuvo 39 puntos de 100 posibles y ocupó el puesto 92 entre 180. La falta de probidad es un mal endémico de nuestra nación, para el que no se ha encontrado un remedio efectivo y nos impide lograr el cumplimiento de objetivos para nuestro desarrollo. No obstante, creer que no tenemos salida es ceder a quienes se favorecen de esta realidad.
 La percepción se enfoca en cómo creen algunos –en este caso académicos, analistas y hasta inversionistas extranjeros- que se encuentra el país y no necesariamente es la realidad, pero esto no puede ser excusa para restarle importancia. Todos los días se descubren situaciones que demuestran que siguen siendo muchas las personas que meten mano al erario, que favorecen a amigos o ceden a presiones, que evitan cumplir con las funciones que les exige la Constitución y la ley. Negarlo es tratar de tapar el sol con un dedo.
 En sitios parecidos al nuestro se encuentran Ecuador (39), Brasil y Perú (38), también México muestra un peor resultado que nuestro país. De hecho, en Latinoamérica solo Uruguay (71) y Chile (67) encuentran ubicaciones más o menos rescatables, sin ser ideales. El mal es generalizado en nuestro continente como lo desnudó años atrás la mano corruptora del gigante brasilero, Odebrecht, que permeó varios gobiernos del continente, y que a pesar de las duras evidencias, incluso Colombia, no se ha llegado al fondo.
 Corrupción e impunidad van de la mano y ambos temas en nuestra región tienen índices vergonzosos. Si la justicia no cumple su cometido de capturar y juzgar a los responsables con severidad se queda sin lograr la disuasión que se busca de ella. Así que tienen tanta responsabilidad los delincuentes que roban al erario, como los fiscales que no apuran en las investigaciones y los jueces que no concluyen con las condenas oportunas para quienes incurren en los delitos contra el patrimonio público.

Durante ocho años, Colombia se ha movido entre 32 y 39 puntos sobre la calificación máxima de 100 y esto es lamentable, pues cuando mejora es un par de puntos, como en esta reciente medición. Lo peor es que este año se identificó que los riesgos de corrupción en Colombia se repiten en asuntos contractuales para atender la pandemia por la covid-19. Tampoco se sale del hueco a pesar de la cantidad de leyes y de protocolos que se han aprobado para hacer más transparente la contratación y publicitar muchas las decisiones del Estado, lo que demuestra que este no es un tema de leyes. La intervención tendrá que ser muy profunda y empieza por tener gobernantes que no solo cacareen la transparencia, sino que demuestren que cumplen con el que debería ser un mandamiento de los servidores públicos: que los recursos públicos son sagrados.