El incendio en la Serranía de La Macarena, que consumió cerca de 220 hectáreas de vegetación y que acabó con la fauna propia de esa zona, por causas que vinculan a grupos armados ilegales, dejó claro que las llamadas áreas ambientales protegidas están hoy sin protección y que los desastres ambientales están a la vuelta de la esquina. Nuestros páramos, que constituyen una gran riqueza para el país, son cada vez menos y están más expuestos a su desaparición por distintas causas. Esta vez les tocó al Parque Nacional Tinigua, en el Meta, y al páramo La Cortadera, en Boyacá.
Aunque tardío, es positivo que el Gobierno Nacional haya presentado la nueva Fuerza de Tarea Ambiental, con la que se buscará detener el avance de la deforestación en el país y garantizar que una emergencia como la de alrededores de Caño Cristales no vuelva a ocurrir. En este caso específico, buena parte de la zona circundante del parque ya está inundada de actividades delictivas como la minería ilegal, la deforestación indiscriminada y los cultivos ilícitos, que vienen desde mucho tiempo atrás sin que se haya tenido una reacción efectiva desde el Estado para evitar los daños.
Que el fuego consumiera durante dos semanas esos lugares, sin una reacción pronta para evitar la expansión del desastre, habla elocuentemente de una debilidad que aún está por superarse. Solo ahora, por haber estado amenazado un lugar tan emblemático como Caño Cristales se conoce lo ocurrido, pero lo más grave es que según el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, los grupos ilegales han arrasado en ese departamento con por lo menos 120 mil hectáreas de vegetación de páramo, que necesitará siglos para poder recuperarse. En otras regiones ocurre lo mismo o peor, lo que debería convertirse en una prioridad para todo el aparato estatal.
La firma de la paz con las Farc, cuyos hombres antes hacían presencia en esas regiones, y a donde nadie iba por el riesgo de encontrarse con ellos, dejó expuestas extensas zonas que, paradójicamente, sufrían menos cuando había conflicto armado. El Estado no hizo la tarea de copar los territorios que antes estuvieron en manos de las Farc, y quedaron como tierra de nadie. Todos los demás grupos criminales hallaron allí el lugar propicio para enriquecerse a costa de destruirlo todo, sin el menor reparo en las consecuencias que ello tendrá para las comunidades y para el ciclo vital de la naturaleza.
Quienes cuiden hoy los Parques Nacionales Naturales no pueden ser funcionarios desarmados y solitarios, que tienen la batalla perdida frente a criminales que solo piensan en sus mezquinos intereses. Chiribiquete, Cahuinarí, Yaigojé, Apaporis y La Paya están en grave riesgo, sin que nadie los cuide por temor a las amenazas de criminales. Se calcula que en el país son 59 las zonas naturales en las que los grupos armados ilegales actúan sin control. Es doloroso ver arder los frailejones y los cadáveres de especies animales en extinción en medio de las cenizas; es inconcebible que haya comunidades que estén dispuestas a protestar a favor de los criminales.

De los extensos bosques de la Amazonía no se tiene información precisa de las afectaciones que sufren día a día, pero es evidente que allí avanza rauda la deforestación sin control. Las consecuencias de esta situación para el Cambio Climático son de enorme gravedad. Nuestra biodiversidad, de la que se dice que está entre las más valiosas del planeta, está en peligro inminente, y para salvarla se necesita una fuerte reacción que les quite a los criminales la posibilidad de seguir causando estragos.