Los caminos de la paz están cundidos de riesgos de todo tipo. En cualquier proceso de esta clase, la posibilidad de que los excombatientes sean perseguidos por antagonistas extremistas es real, y en Colombia ya lo hemos vivido con el caso de los miembros de la Unión Patriótica (UP), asesinados por centenas en la década de los 90 del siglo pasado, situación en la que el Estado colombiano acaba de admitir una responsabilidad parcial.
 En la actualidad no podemos ignorar lo que pasa con los excombatientes de las Farc, los cuales dejaron las armas durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y que desde esa fecha hasta el momento han terminado asesinados en 248 casos, según un informe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, con corte al pasado 28 de diciembre. El excabecilla de las Farc y hoy líder del partido Comunes, Rodrigo Londoño (llamado antes Timochenko), asegura que son más, 421.
 Como sea, es una situación que debe evitarse y sobre la cual no se ha hecho lo suficiente. Es necesario en esto anotar que si bien el actual gobierno del presidente Iván Duque ha sido más bien indiferente, el problema viene desde la administración de Santos, quien al parecer se conformó con firmar la paz sin asegurarse de que los que dejaron las armas y emprendieron nuevos proyectos de vida gozaran de todas las garantías necesarias, comenzando por la de la vida.
 Frente a esta realidad indiscutible, Londoño pide ahora la intervención del expresidente para que abogue ante Duque por la seguridad de los excombatientes. No parece ser el mejor interlocutor ante un gobierno que tiene una visión de la paz que no coincide con la de Santos. Ante esto es comprensible la contundente respuesta del consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, quien no solo desestimó la posibilidad de una reunión de esas características, sino que esgrimió argumentos en defensa del compromiso de Duque con la implementación del acuerdo y la protección de los excombatientes.
 Ahora bien, más allá de que bajo la sugerencia de estas fórmulas de solución haya intenciones políticas o una legítima preocupación por el riesgo que podría estar teniendo el proceso de paz, el gobierno debe hallar la manera de evitar que estos asesinatos, lo mismo que los de los líderes sociales, sigan ocurriendo. Los colombianos no podemos contentarnos con que desde el gobierno se afirme que los responsables de los crímenes son el narcotráfico, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el Eln, y no se haga lo suficiente desde el Estado para evitarlos.

No pueden menospreciarse lo que la administración de Duque ha hecho para avanzar en la estabilización y en la implementación de los acuerdos, pero es justo reconocer que al comienzo se tuvieron demasiadas ambivalencias y hasta hubo el interés de hacer trizas lo pactado. Es fundamental que se haga la autocrítica, incluso por Santos, y que de manera auténtica se trabaje para que la paz estable y duradera pueda construirse de la manera más sólida posible. La grave equivocación con la UP demuestra que sería nefasto permitir que se repita la historia.