El secuestro es una manifestación de la degradación del conflicto armado en Colombia. Se convirtió en arma de presión de grupos armados y de narcotraficantes. Las Farc hicieron de este mecanismo una forma de amedrentamiento para la sociedad, una oportunidad de recoger dinero principalmente y un arma política. Esto llevó a la mayoría de los colombianos a unirse en contra de este crimen execrable, que la guerrilla para engañarse a sí misma llamó con el eufemismo de retenciones. La gente se volcó a las calles a pedir libertad para los secuestrados.
Ese fue uno de sus mayores errores de cálculo. Al volverse carceleros, al emprender métodos tan cuestionables como las mal llamadas pescas milagrosas, al negociar con bandas de delincuencia común por hacerse a personas secuestradas, al encerrar en campos de concentración y en condiciones infrahumanas a políticos, policías y militares, las Farc perdieron toda posibilidad de lograr la empatía que en algún momento hubieran querido conquistar de los colombianos. Sus ideales políticos, que pregonaban, cedieron a este tipo de actos cuestionables desde todo punto de vista humanitario. Pasaron de los ideales al todo vale, con lo cual causaron un dolor terrible en la sociedad y fueron parte de la escalada de crímenes que cometieron todos los grupos, pues cada uno era capaz de inventarse métodos más crudos y más insensatos contra quienes consideraban sus enemigos.
De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los comandantes de las Farc beneficiados por el proceso firmado con el Gobierno colombiano, deberán responder por 21.396 secuestros cometidos por esa guerrilla. Deberá este tribunal valorar los aportes de los señalados o si no demostrar lo dicho en el escrito de imputación para que respondan ante la justicia por el crimen. Desde ya hay personas pidiendo el máximo de las penas, pero debemos recordar que no se trata de un proceso en el que la justicia llegó por sus medios, sino que forma parte de las investigaciones iniciadas con motivo de la firma del Acuerdo. No se trató de una rendición de la guerrilla, sino del acuerdo de voluntades para cesar un pedazo importante del conflicto colombiano. Por eso, pretender ahora que se cambien las reglas del juego es no solo inocente, sino casi que pedir que se incumpla lo que el Estado concedió, a cambio de callar 13 mil fusiles, la mayoría aún silenciados.
Es interesante ver actuar a la JEP en este sentido, llamar las cosas por su nombre: al secuestro definirlo como un crimen de guerra. Esto da pie para que las Farc rindan cuentas sobre lo que hicieron. Hay que recordar que muchas familias siguen esperando noticias de sus seres queridos secuestrados, que nunca volvieron, y lo que esperan para lograr paz es conocer dónde están. Responder a preguntas como esta será clave para poner a las víctimas en el centro, como lo manda el Acuerdo y para que sí haya la verdad que tanto necesitan cientos de familias, así la justicia sea poca. Y lo más importante, que este lamentable crimen no se repita en nuestro país.