Colombia completa hoy dos semanas de marchas y plantones, a lo cual no se le ven todavía luces de solución. Hoy, inclusive, el Comité Nacional de Paro está convocando a nuevas movilizaciones en todo el país, y desde el Gobierno Nacional no se observan esfuerzos suficientes para tratar de desactivar las manifestaciones que, por el contrario, por momentos se avivan y se vuelven incontrolables, inclusive violentas.

Pese a que los gobernantes territoriales se reúnen con los organizadores de las manifestaciones en las regiones y vienen logrando acuerdos para establecer corredores que garanticen el flujo de alimentos y medicinas, los bloqueos en las carreteras están afectando de manera grave a todo el aparato productivo, lo que también daña el empleo. Muchas empresas se quedan sin materias primas para elaborar productos, los cuales también se quedan varados al no tener cómo transportarlos. De igual manera, se genera especulación y encarecimiento de la canasta familiar.

El pronunciamiento de los gremios del Eje Cafetero es claro en mostrar las afectaciones que se generan en la región por cuenta de los bloqueos. Son millonarias las pérdidas por cada día que pasa sin que se recupere la normalidad, la cual ya venía a media marcha por causa de la pandemia de covid-19. Para muchas empresas el golpe económico actual es más fuerte que el sufrido el año pasado, lo que podría tener consecuencias nefastas para miles de colombianos.

Resulta urgente que el Gobierno Nacional, al lado de las administraciones regionales y locales, encuentren cómo garantizar el flujo de toda clase de mercancías sin restricción alguna. Evidentemente, el derecho a la protesta social no puede coartarse, ya que ese es un principio fundamental en una democracia, pero también es democrático que se respeten los derechos de todos los ciudadanos, y eso implica que ninguno puede sobreponerse a otro, menos cuando están en juego la alimentación, la salud y la vida de la mayoría.

Los bloqueos tienen efectos tan perversos y contrarios a su supuesto objetivo que los principales afectados con ellos son los campesinos, que no logran comercializar los productos agrícolas y están teniendo pérdidas cuantiosas. Los consumidores con menor poder adquisitivo, ante un panorama de escasez, son también los más afectados, ya que podrán comprar menos comida con el mismo dinero.

Cuando más se necesita luchar contra la pobreza y avanzar hacia la equidad, las repercusiones de estos cierres de vías contribuyen a generar más pobreza y desigualdad. Los manifestantes que ejecutan estas acciones deben entender que otras formas de protesta que no afecten al resto de ciudadanos podrían ser igualmente efectivas para alcanzar los objetivos que se proponen. Debe pensarse en lo que es, realmente, lo mejor para el país y actuar en consecuencia.

Llamamos, de nuevo, a la sensatez. Para que no se genere más violencia, que en casos como el de Cali raya con la irracionalidad total, sería importante que el Gobierno se hiciera acompañar de organismos internacionales que sean garantes de acuerdos mínimos directos, para darle paso luego a las negociaciones que sean necesarias en los diversos asuntos en los que hay inconformidad.