Todo indica que Caldas tendrá que pagar la multa de 1 millón de dólares ($3.661 millones, más $268 millones por ajustes a la tasa de cambio), de cargo por confiabilidad, por no haber podido comenzar la construcción del proyecto hidroeléctrico Miel II, que generaría 120 megavatios. Cuando se hizo la subasta nacional de energía en el 2019, el Gobierno Nacional avaló ese proyecto como necesario, y con ello la región se comprometió a tener lista la obra en el 2022, con plazo máximo hasta noviembre del 2023, tiempo que se queda corto para cumplir, cuando todavía no se tiene el socio estratégico inversionista. ¿Ha faltado gestión o el problema es el esquema del negocio?
Debido a la pandemia de covid-19, que retrasó distintos proyectos de infraestructura en el país, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, abogó por que no se le cobrara a Caldas esa sanción, pero la decisión final es que no habría reversa si hay incumplimiento. El proyecto es manejado actualmente por la Promotora Energética del Centro (PEC), en la que Caldas tiene el 99% de participación, y para poder ejecutarlo se necesitan 250 millones de dólares, unos $916 mil millones, y todavía no ha aparecido quien esté dispuesto a aportar ese dinero e ingresar en el negocio con un porcentaje accionario.
El gerente de PEC, Orlando Micolta, ya tiene claro que no se podrá cumplir, y que los esfuerzos que se vienen haciendo para conseguir socio y hacer el cierre financiero han resultado infructuosos. La esperanza es que el próximo 16 de abril, cuando se tendrá el cierre de ofertas, en desarrollo de un proceso que se abrió el 31 de octubre del año pasado, aparezca quién acompañe al departamento en la concreción de ese proyecto, cuya inversión tendría un retorno asegurado al tenerse ya comprometida la venta por 10 años de la energía que allí se produzca, lo que sería sin duda un gran negocio para quien invierta y también para Caldas.
Se necesita, por eso, que Miel II pueda despegar lo más rápido posible. No solo es la multa, sino que cada día que pasa se pierde la oportunidad de lograr beneficios económicos significativos para la región, dineros que podrían ser invertidos en nuevos proyectos de desarrollo que nos beneficien a todos. Hay que tener en cuenta que por tratarse de un proyecto previsto para construirse a filo de agua (sin represa) el impacto ambiental es mínimo, y sería un error oponerse a su ejecución bajo argumentos claramente equivocados. Obviamente, frente a las dudas de las comunidades, los responsables de la obra tienen el deber de ser claros, y así evitar los rumores y los prejuicios.
Desde hace cerca de 20 años se proyecta la construcción de Miel II, y eso ha permitido que se tengan todas las licencias necesarias para ejecutar las obras, para las cuales ya se tienen los correspondientes estudios y diseños en fase 3. Así que solo falta el socio capitalista para hacer el cierre financiero y arrancar con los trabajos. Ahora bien, por más rápido que se avance solo podría comenzar a funcionar en el 2024, ya que se calcula que las obras necesitan unos 36 meses para concretarse. Se necesita acelerar la marcha.
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