El pasado miércoles, de manera simultánea a la realización de las marchas por el financiamiento de las universidades públicas en Colombia, el presidente Iván Duque Márquez anunció que $500 mil millones, tomados de distintos sectores, serían redireccionados hacia la educación pública superior, como una muestra de que al Gobierno Nacional le interesa solucionar los problemas presupuestales que afrontan estas instituciones. No obstante, la determinación general es que se mantendrá el reclamo porque esos dineros, siendo importantes, no logran cubrir las necesidades para poder funcionar en forma correcta. Tanto así, que el paro se anuncia más largo y en más universidades del país.
La cifra que se maneja acerca del déficit que afrontan las universidades públicas colombianas es de unos $18 billones, que vienen creciendo desde el momento en que fue adoptada la Ley 30 de 1992, que de acuerdo con los conocedores de la materia frenó el crecimiento de los recursos para la educación superior pública, mientras que desde esa época la cobertura de las universidades prácticamente se ha cuadruplicado. Ahora bien, también es cierto que tanto en el gobierno de Juan Manuel Santos, como en este que comienza de Duque, el presupuesto global para educación sí es mucho más alto que el destinado por gobiernos anteriores, aunque se han quedado cortos frente a las necesidades de las universidades, a las que les toca la tajada más pequeña. Para el 2019 será de $41,26 billones, la cifra más alta entre todos los ministerios.
De acuerdo datos oficiales, en el 2000 las universidades públicas recibían $2,7 billones, mientras que para el 2019 les tocarán $3,9 billones, lo que representa un incremento mínimo frente a lo que se destina al resto de niveles de la educación en el país. Esto muestra que, en realidad, la educación superior tiene dificultades para mantenerse hacia futuro bajo este esquema, y que tal vez sea el momento de pensar en un cambio estructural que modifique la fórmula de entregar recursos con base en la inflación anual causada a otro esquema en el que el número de alumnos atendidos tenga un peso mayor en las transferencias. De otra manera, podría llegar el momento del colapso que nadie quiere, porque la universidad pública es fundamental para el desarrollo de un país.
Algunos le echan la culpa de la crisis presupuestal de las universidades públicas al programa Ser Pilo Paga, pero es evidente que el problema viene desde hace cerca de 25 años. Además, ese programa, si bien necesita ajustes para que llegue a más gente y los recursos no se vayan solo para las universidades privadas, sí ha logrado avanzar en inclusión de jóvenes de pueblos y ciudades que sin ese apoyo no habrían podido ingresar a la educación superior y aprovechar sus talentos académicos como factores determinantes para el progreso social y económico de sus comunidades.
Se han planteado algunas fórmulas para allegar más recursos para las universidades, pero lo urgente es que mientras se definen soluciones más estructurales, se asegure que puedan terminar el semestre sin problemas, y en ese sentido lo mejor sería que, en lugar de seguir en paro, se decidiera el regreso a las aulas para no perder más tiempo y dinero, que es lo que menos debe desperdiciarse en estos momentos.
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