Guardar y proteger los derechos humanos es un deber del Estado colombiano contemplado en la Constitución, y así se ha hecho frente a la llegada de migrantes al país. Gobiernos, instituciones y ciudadanos no han sido ajenos a brindar atención integral a quienes por diversos motivos; políticos, de género, violencia, laborales, se alejan de sus países para buscar mejores condiciones. Esto lo hemos visto sobre todo con los flujos migratorios procedentes de Venezuela desde hace más de una década y que cada vez se hacen más evidentes.

Para hacerle frente a lo que se convirtió en un fenómeno social los últimos gobiernos han tenido que expedir diferentes medidas dirigidas a regularizar esta condición. Juan Manuel Santos aprobó en el 2017 el Permiso Especial de Permanencia, que además de posibilitar la estancia libre procuró que accedieran a servicios de salud, educación y trabajo. Iván Duque en el 2021 estableció el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos que les siguió brindando garantías para no dejarlos expuestos en sus necesidades básicas, y el presidente Gustavo Petro ha expedido otras medidas, en el 2024 el Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de niñas, niños y adolescentes y en enero del 2025 un decreto que reglamenta los asuntos relativos a la condición de refugiado.

Desde la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (Conare) indican que el 97% de quienes solicitan refugio en Colombia son de Venezuela, seguidos por ecuatorianos, y en cifras que no alcanzan un dígito, de otras nacionalidades. Según estimativos de Migración Colombia hay alrededor de 2,9 millones de venezolanos en el país y de este total solo el 2,22% solicitó refugio o está en calidad de refugiado. Con el último decreto expedido, dice Conare, se pretende reducir los tiempos para resolver las solicitudes de refugio, que actualmente pueden tardar hasta tres años y hay una congestión de unos 60 mil pedidos.

Manizales no es ajena a la llegada de migrantes y refugiados, según las autoridades ven en esta ciudad atractivos para permanecer como la seguridad y la calidad de vida que ofrece por lo que se hace necesario mejorar el registro de seguimiento a extranjeros con programas contra la trata de personas y la creación de un sistema de información migratoria. También son receptores de migración y refugio otros municipios de Caldas que se han convertido en parte de rutas por donde los migrantes buscan llegar hasta otros países, para estas regiones también se requiere más capacitación sobre los procedimientos para atender a esta población.

Sin embargo, no solamente se trata de facilitar con normas el proceso de refugio y las condiciones para los migrantes. Los departamentos y municipios identificados con mayores flujos de esta población, como Caldas y Manizales, deben ser capacitados, pero además dotados con herramientas y recursos que les permitan hacerle frente a la situación. Es una necesidad, más ahora con las políticas del Gobierno Trump de expulsar de Estados Unidos a los migrantes indocumentados, que podría ocasionar un incremento hacia el Eje Cafetero haciendo más complejo atenderlos.