Un solo dato causa indignación total por lo que representa para la infancia colombiana: que al menos uno de cada dos nuevos reclutas en grupos armados ilegales en Colombia sea un menor de edad, como reportó International Crisis Group, quiere decir que miles de los nuestros están siendo sometidos a todo tipo de vejámenes, especialmente los que viven en zonas apartadas donde hacen presencia los ilegales y el Estado no llega.
Se trata del reclutamiento infantil, con seguridad forzado como sucede en la mayoría de estos casos a través de actores armados que emplean las amenazas contra los menores de edad o de sus familiares para obligarlos a ingresar de cualquier manera a estas agrupaciones y poder conservar la vida, o en el mejor de los casos un reclutamiento generado a través de engaños, que es como actúan ahora en los centros poblados y en las ciudades, ofreciéndoles regalos, dinero, otro tipo de prebendas y de condiciones que en realidad nunca se cristalizan, pero de eso se enteran los menores cuando ya están en el monte y sin la posibilidad de echarse para atrás o de regresarse.
Es muy desolador que niños, niñas y adolescentes estén teniendo que desempeñar roles dentro del conflicto como parte de la primera línea de combates, entrenados y disparando armas, usados para controlar territorios dedicados al narcotráfico y la minería ilegal, además de ser objeto de abusos sexuales y de violencias de todo tipo; situaciones ratificadas entre las disidencias de las Farc, la guerrilla del Eln y el Clan del Golfo que se considera la mayor banda criminal del país. El informe de Crisis Group habla de un crecimiento de estos grupos en aproximadamente unos 3 mil 300 integrantes entre diciembre del 2024 y julio del 2025, calculando unos 620 casos de reclutamiento de menores de edad.
Nada de esto tendría que estar sucediendo en Colombia si existiera una verdadera protección de la infancia y la adolescencia y una garantía de sus derechos y libertades contempladas legalmente. Se necesita de una institucionalidad fuerte y actuante para combatir este flagelo, desde las acciones de protección y prevención tempranas en las zonas urbanas y en las rurales, las escuelas, los colegios y los espacios públicos a donde aprendieron a llegar sutilmente los delincuentes; hasta lo judicial, para que desarrolle y fortalezca las investigaciones contra este tipo de estructuras criminales y que se les castigue duramente y sin contemplaciones.

Se volvió tan sofisticada la forma de actuar de las organizaciones armadas ilegales que también aprendieron a incursionar por las redes sociales hasta convertirlas en una herramienta para instrumentalizar calladamente a niños, niñas y adolescentes incluso hasta con enamoramientos para que accedan a irse a combatir. El norte del Cauca y la región del Catatumbo en Santander, fronteriza con Venezuela, son las dos zonas más afectadas, pero también se ve en el resto del país y por ello hay que estar muy atentos en todos los departamentos. La prioridad deben ser los menores de edad, si la Nación no cuida de ellos, ¿entonces quién?