Tanto de largo como de ancho tiene la decisión que tomó el presidente, Gustavo Petro, de derogar el decreto que había expedido el expresidente Iván Duque en el 2018 autorizando a la Policía Nacional a decomisar la dosis mínima de drogas en espacios públicos y aplicar multas. Eso volvió a encender la controversia en el país. Mientras Petro dice que pretende es que la Policía se dedique a perseguir a los grandes capos de la droga y los delitos que afectan a la ciudadanía, no a los consumidores, la oposición señala que con esto el Gobierno va a incentivar el consumo.
La dosis personal tiene protección constitucional, pero tumbar la reglamentación del Código Nacional de Policía y Convivencia sobre la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas y peligrosas como el fentanilo en espacios públicos, permite es que los traficantes de droga con sus redes de jíbaros, pequeños distribuidores que conforman el microtráfico en ciudades y campos, puedan moverse a sus anchas. Pocos quieren un Estado en esas condiciones y alguien tiene que proteger a la comunidad. ¿Si no es la Policía, quién entonces queda facultado para hacerlo?
Dicho lo anterior, tampoco debe seguirse criminalizando y estigmatizando a los consumidores de la dosis mínima; el Estado y la sociedad debe garantizarles a los adictos que quieran dejar de consumir, poder hacerlo. El Gobierno y sus instituciones no pueden seguir aplicando paños de agua tibia con débiles programas que pocos efectos tienen sobre la salud de los consumidores, no previenen y tampoco sirven para enfrentar un problema tan grave de salud pública, como lo definieron desde hace años muchos médicos y expertos para buena parte de sustancias alucinógenas y opiáceas. Hay que entender que por razones de diversa índole, no todo consumidor logra hacerlo de manera responsable y tiene que impedirse que los menores de edad entren en ese mundo.
La decisión del Gobierno nacional también es difícil de acompañar, porque se toca los límites de los derechos fundamentales de otros ciudadanos. Si hay que respetar el derecho al consumo y porte de la dosis mínima, ¿quién ampara los derechos y los hace valer a un ambiente sano y a la salud de quienes no quieren estar en espacios públicos respirando un aire envuelto en estas sustancias, muchas de ellas todavía ilegales en Colombia? Por eso parece aún incompleto el nuevo decreto del Gobierno Petro y también revive la urgencia de que el Congreso de la República de una vez legisle y defina, como lo ordenó la Corte, si aprobará el proyecto para permitir un mercado estrictamente regulado de cannabis para uso recreativo adulto.

En adelante, la Policía en Colombia no podrá incautarle a nadie las drogas que no superen la dosis mínima establecida en la Ley 30 de 1986. Por esto, todos esperamos que el Gobierno ya tenga un plan establecido y sus programas derivados, con responsables incluidos y recursos asignados, para aplicar lo que pregona su nueva política de drogas en cuanto a medidas correctivas, orientar esfuerzos y capacidad institucional para contrarrestar y atacar la oferta de sustancias psicoactivas así como las estructuras del crimen organizado dedicadas al microtráfico y al narcotráfico. Si esto no sucede, con seguridad crecerá el consumo y también los problemas sociales y económicos del país.