Sigue corriendo el ineludible paso del tiempo y aún no se elige contralor de Caldas en propiedad. El departamento llega hoy a 757 días con un contralor encargado, Diego Alejandro Tapasco López, que a la vez es el subcontralor. El encargo comenzó el 1 de enero del 2022 debido a la finalización del periodo del contralor de entonces y mientras se resolvían algunas demandas contra el proceso de selección. En esa interinidad se ha permanecido estos dos años y 27 días, por lo que considerar que es un cargo que debería desaparecer no parece descabellado. Si lo puede desempeñar un funcionario que a la vez carga con otra responsabilidad laboral, y sin contratiempos, según dice, está sobrando entonces uno de los dos puestos.
Si la Asamblea hubiese elegido contralor en propiedad desde el 2021, como lo estipula la norma, en este 2024 esa persona estaría en el tercero de los cuatro años de su periodo (hasta el 2025); es decir que ya se perdió la mitad y sin soluciones a la vista para resolver. El proceso comenzó enredado. La mesa directiva que debía convocar el proceso, sabiendo que es un mecanismo lento, lo abrió faltando solo tres meses para concluir el año. Observaciones y denuncias por presuntas irregularidades surgieron contra esa corporación y la Universidad del Atlántico, que contrató para aplicar pruebas de conocimientos a los aspirantes y revisar sus hojas de vida y antecedentes. Actualmente se cuentan unas 50 acciones judiciales en contra, muchas las han fallado los jueces a favor de la Asamblea y otras siguen en curso.
Una de las demandas es de nulidad simple, de las más demoradas por resolverse en el mundo jurídico porque debe responder si son nulos o no los actos que soportan la convocatoria. La interpuso un aspirante, a quien le concedieron además la medida cautelar solicitada para suspender esta elección, y así ha estado desde el 2022. El caso se encuentra en el Consejo de Estado, no se sabe qué celeridad pueda darle o si se prolongará en el tiempo; lo que sí es que se dilata cada vez más por las actuaciones de los sujetos procesales -demandantes y demandados- como para pensar que se destrabará pronto esta elección que quedó en la fase de conformación de la terna, integrada por Juan Carlos Pérez, Luis Fernando Márquez y Rubén Darío Nieto por haber logrado mayores puntajes.
Si todo se resuelve a favor se proseguirá la elección con esta terna (si todavía están interesados en el cargo), pero es muy probable que surjan nuevas acciones judiciales buscando suspender otra vez el proceso como ha ocurrido desde el inicio. Incluso se han presentado tutelas de funcionarios de la propia Contraloría Caldas que manifiestan estar en desacuerdo con aspectos de la convocatoria. La otra posibilidad es que se tenga que repetir la elección, porque el Consejo de Estado así lo determine, ocasionando más demoras y exigiendo invertir nuevos recursos del Departamento, porque la Asamblea tendría que salir a contratar otra vez una institución de educación superior certificada para ejecutar la convocatoria pública.

Cualquier cosa que ocurra parece ir en contra del nombramiento, aunque el control de las entidades estatales en el departamento no se ha dejado de hacer durante este tiempo, asegura el contralor encargado, quien también participó de la convocatoria, pero no quedó en la terna. Está dirigiendo la entidad sin tenerse que someter al tamiz de una selección entre muchos otros aspirantes y su salario es el del contralor departamental, por lo menos $18 millones al mes. Al parecer un camino tan sinuoso como este de elección de contralor de Caldas lo está transitando la designación de personero de Manizales, que está suspendida también por acción judicial, aunque el periodo se inicia este 1 de marzo y todo apunta a que tendrá que asumir como encargado el personero delegado para lo administrativo, y se empiece una nueva novela.