La salud en Colombia toca fondo. No se está cumpliendo la función constitucional de garantizar este derecho fundamental. Ya no es suficiente tener servicios de medicina prepagada, tampoco que empleadores y trabajadores coticen cada mes a las Empresas Promotoras de Salud (EPS), ni que los municipios hagan esfuerzos administrativos para tratar de darle cobertura a poblaciones vulnerables. Se cancelan citas asignadas con médicos generales, a muchos especialistas les deben salarios o no los contratan, aplazan exámenes y procedimientos quirúrgicos prioritarios y los dispensarios no están entregando los medicamentos.
Cali no es la única ciudad en donde la gente tiene que amanecer haciendo largas filas para pedir que le entreguen las medicinas. También sucede en Manizales, en la capital de la República, en Barranquilla y en todos los territorios. El Gobierno nacional está poniendo a los pacientes en riesgo de descompensarse o de recaer por no recibir la debida atención. La nueva modalidad de los dispensarios, ahora llamados por el Gobierno nacional gestores farmacéuticos, es responder que no hay medicamentos y dejar pendiente de entrega buena parte de lo prescrito por los médicos. “Pendientes” que llevan meses acumulados sin ser cubiertos, y nadie responde por ellos.
Pero por más quejas y denuncias que se hagan el Gobierno nacional, como responsable del giro de recursos para que el sistema funcione, no escucha razones y sigue empecinado en sus propios argumentos. Todo esto está relacionado con la desfinanciación del sistema, no hay flujo de recursos oficiales suficientes, así el Ministerio de Salud, en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, asegure que ha girado lo que les corresponde. La Corte Constitucional fue clara en ordenarle al minsalud ajustar el valor para este año y anteriores de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es lo que gira a las EPS para atender a los pacientes; porque el que fijó es insuficiente, pero el Gobierno no lo hace.
Este faltante de recursos, que todos necesitan al no ser ninguno entidad sin ánimo de lucro, genera un efecto dominó. Las EPS no están recibiendo lo suficiente del Gobierno; la ficha que sigue son las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) -entre las que también están hospitales y clínicas-, que ya no son capaces de sostenerse sin recibir el pago de altísimas deudas por servicios prestados a las EPS. Vienen los dispensarios de medicamentos, que quizás teniendo existencias, cortan el suministro porque tampoco les pagan las EPS desde hace varios meses. La última ficha del dominó es el paciente.
El Gobierno nacional no puede seguir divagando en teorías que no tienen asidero, ni esperando a ver qué más sucede con su propuesta de reforma a la salud. Está obligado a actuar en la inmediatez, porque está de por medio la vida de los colombianos. Si algo irregular está ocurriendo debe poner a funcionar a la Superintendencia Nacional de Salud. Difícil que lo que está ocurriendo sea acaparamiento, porque el objeto de los dispensarios es vender medicamentos; tampoco de elevamiento artificial de precios, porque al ser institucionales son valores que fija y controla el propio Gobierno.
