“Conductores escolares piden pagos puntuales”. “Convenio para niños en condición de discapacidad, en espera”. Son dos titulares de noticias publicadas esta semana por LA PATRIA que dan cuenta de necesidades expuestas por las comunidades y que comprometen gestiones y recursos de la Secretaría de Educación Municipal. 90 estudiantes del Colegio Rural La Trinidad están sin transporte escolar por presuntos incumplimientos en el pago de este servicio. Por lo menos unas 70 personas en condición de discapacidad, en su mayoría niños, están desatendidos porque todavía no se sabe si va a operar un convenio entre Educación y el Ceder para el programa Habilidades para la Vida.

Manizales cuenta con 223 rutas escolares que deben estar cubiertas con un contrato de la Secretaría de Educación otorgado a Transporte Especial Nueva Era por $4 mil 200 millones para prestar el servicio de transporte hasta junio. Si es así, qué está ocurriendo con unos 13 transportadores que suspendieron labores porque supuestamente aún no les cancelan lo correspondiente a febrero. Los interventores que tenga dispuestos la Secretaría para este contrato deben establecer si hay demoras y tomar cartas en el asunto, porque el servicio hasta el año pasado lo pagaban las instituciones educativas y funcionó sin alteraciones.

Pero si es cierto que la Alcaldía no había hecho el desembolso al contratista por demoras administrativas, como se estableció en una reunión posterior, es algo relacionado con un proceso interno de este despacho municipal o quizás de las mismas condiciones del contrato que se deberían corregir para no seguir afectando en una doble vía; a los alumnos que están teniendo que llegar a pie a estudiar desde veredas lejanas, y a los conductores que sin dinero les queda muy difícil seguir cubriendo rutas que les generan gastos de operación, pero además al parar, el contratista pone en riesgo la continuidad de los transportadores por incumplimiento del contrato.

Sobre el convenio para personas con discapacidad también hay padres de familia angustiados porque sus hijos no han podido regresar este año al Ceder, en el que habían encontrado, como venía ocurriendo desde la Administración anterior, apoyo especializado para el desarrollo de habilidades que en instituciones educativas regulares no logran hallar y más bien los expone a acoso escolar y a dificultades hasta para realizar actividades básicas como hablar, caminar, comer sin ayuda, ir al baño. Los padres no deberían estar luchando con la Administración para que este convenio entre Secretaría de Educación y Ceder se reactive. La Alcaldía ya debería tener definido cómo va a cubrir esta función y los cinco días de la semana, pero lo que dice es que no hay certeza de que vayan a ser estos días y si se continúe con el Ceder y ahí se perdería un recurso especializado y de calidad que posee la ciudad para esta población.

Si el año pasado la Secretaría de Educación de Manizales pudo tener cubiertos todos estos programas desde el inicio del año, este 2025 no puede ser una excepción. Las obligaciones con la población escolar continúan de igual manera, y aunque la población con discapacidad no se puede medir por metas académicas, el solo hecho de alcanzar un aprendizaje para tener una vida más digna y llevadera debería ser considerado por la Alcaldía a través de esta Secretaría o de cualquier otra, porque no puede dejar expuesto a nadie y sin atención.