Ningún bien hace la instrucción del presidente Petro para que se empiece a implementar, antes de saber qué va a pasar con su proyecto de reforma, el modelo de salud preventiva en las entidades controladas por el Estado. Más bien se entiende como una forma de agitar las aguas, como una idea traída de los cabellos, porque el sector salud colombiano atraviesa el peor momento financiero de su historia y ni siquiera entidades como la Superintendencia Nacional de Salud o la Nueva EPS donde tiene participación el Gobierno pueden resolver esto solas.
Lo que hace es aumentar las dudas en el Senado de la República, donde el proyecto de ley cursa su trámite final, aunque de ser aprobado le queda por surtir la revisión en la Corte Constitucional. Tiene razón el presidente cuando sostiene que ninguna norma prohíbe construir y aplicar un modelo preventivo de salud. Es lo que se llama atención primaria, programas de atención y promoción de la salud, que existen en el modelo de salud que rige desde 1993 en el país (31 años), pero exigen altos presupuestos y la mayor restricción sigue siendo justamente de recursos.
Si esta es la premura del Gobierno nacional, para qué una reforma a la salud en Colombia; para qué terminar de desgastar lo que funciona, con defectos que hay que erradicar, sí, y sobre eso es que hay que proceder ya. No será que si se reglamenta lo existente el país se puede ahorrar el costo social y económico de una reforma como esta, aunque el Gobierno no la ha tasado con exactitud por más que le han solicitado cifras. No hay que reformar porque sí, pero tampoco se trata de proteger a corruptos de la economía y de la política.
El sistema de salud colombiano, rankeado con otros del continente, aparece en el sexto lugar de los mejores. No se pueden estar equivocando quienes realizan estas mediciones anuales. Los vacíos del sistema actual, como lo hemos dicho en editoriales anteriores, están concentrados en la precariedad de los controles a todos los sectores que lo integran, que si se ejecutaran con rigurosidad por las entidades del Estado, igual que si se impusieran sanciones a los que incumplan, hoy estaríamos en un sistema más sano.

Si bien un modelo preventivo contribuye a mejorar los indicadores de salud, por sí solo no resuelve los problemas financieros, pero tampoco es sacando a los privados que les mueve el ánimo de lucro. La cuestión es que los gastos en salud son mayores que los ingresos y así las cuentas nunca van a dar. Esta correlación está afectando incluso a la Nueva EPS, la más grande del país y a la que le van a aumentar afiliados con los que llegan de empresas intervenidas, que le representará una gran carga para resolver. La presión también seguirá sobre las otras EPS, y los afectados serán los usuarios. El Senado en su sabiduría lo debe tener en cuenta para aprobar o negar una reforma en estas condiciones.