En Colombia no paran de suceder cosas absurdas, alocadas. El Ejército Nacional detuvo en un retén a 34 integrantes de las disidencias de las Farc que viajaban en caravana entre Norte de Santander y Antioquia, en 7 camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), custodiados por 11 escoltas de esta dependencia. Para que un colombiano acceda a un esquema de seguridad de este tipo no puede portar armas, y los guerrilleros las llevaban; además cargaban unos $100 millones, oro y aunque entre los pasajeros iban algunos de sus voceros en los diálogos con el Gobierno, también viajaban otros con orden de captura vigente por delitos cometidos. Para completar la insensatez, también iba un menor de edad reclutado hace cinco años por esa guerrilla.
El presidente Petro, el director de la UNP, el alto comisionado de Paz y el ministro de Defensa deben explicarle al país por qué se está permitiendo usar los bienes del Estado para movilizar guerrilleros. Miles de colombianos llevan años solicitándole al Gobierno protección para conservar su vida y la de sus familiares, especialmente en regiones en las que los delincuentes siguen actuando contra la sociedad civil. Ahí están líderes sociales, empresarios, periodistas, políticos, gobernantes y otros ciudadanos que aunque han expuesto su situación a esta Unidad no reciben respuesta.
Inexplicable además que la Fiscalía haya emitido orden para liberar a varios de los detenidos, entre ellos algunos cabecillas de estas disidencias como alias Calarcá, sin siquiera investigar el fondo de este asunto. Si resulta que el Gobierno nacional no sabía lo que estaba ocurriendo, es porque las Farc se están saltando los protocolos y así no se puede sostener ningún diálogo, menos de paz. La paz no puede ser la disculpa para cometer ilícitos ni delitos, y en eso el presidente Petro y cada uno de los miembros de su equipo de Gobierno deben actuar de forma inapelable, porque la seguridad del país y la de todos los colombianos están bajo su responsabilidad.
Hay un grave descuido de la UNP para verificar a quienes beneficia con protección. El director de esta Unidad asegura que el esquema tenía autorización del Gobierno para que los guerrilleros asistieran a una reunión, pero que hubo fallas en la aplicación de protocolos. El Gobierno no puede permitir que ningún grupo ilegal armado ejerza presión para beneficiarse del Estado, ni mucho menos burlarse de él. El funcionamiento de los vehículos al servicio de la UNP se hace con recursos públicos y su manejo tiene que ser vigilado.

Esto es otra gran fisura para el proceso de paz total del presidente Petro. Al menos los diálogos que se iniciaron con estas disidencias deberían ser suspendidos mientras se revisa lo sucedido a la luz de la ley y de lo acordado hasta el momento. Las disidencias de las Farc resultaron de haberse apartado del acuerdo de paz de La Habana, aunque muchos lo habían firmado en el 2016, es un antecedente que dice mucho sobre con quiénes se está negociando de nuevo. Ahora vuelven a incumplir movilizando guerrilleros con órdenes de captura vigentes, con un menor de edad reclutado forzosamente y portando armas. Hasta cuándo.