La seguridad penitenciaria en Colombia debe ser una prioridad de Estado. Los hechos violentos ocurridos en solo dos días no pueden seguir siendo vistos como casos aislados o dejar que pasen pronto al olvido. Se necesitan investigaciones inmediatas y de fondo que esclarezcan lo sucedido entre viernes y sábado contra personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en varias ciudades del país. Además de dar con el paradero de los responsables o si tiene alguna relación con redes del delito o son posibles retaliaciones.
Al amanecer del viernes, en la salida de la cárcel La Modelo de Bogotá, varios sicarios que se movilizaban en moto dispararon contra cuatro guardianes del Inpec que laboran en este centro de reclusión. Habían finalizado su turno y estaban en el relevo de guardia. En el ataque asesinaron a uno de ellos, de 26 años, y dejaron heridos a los otros tres. Ese mismo día en Palmira, y bajo igual modus operandi criminal, a la salida de la penitenciaría de este municipio del Valle del Cauca sicarios dispararon contra dos guardianes. Uno falleció mientras recibía atención médica y otro sigue gravemente herido. Al día siguiente, en Armenia (Quindío), un miembro del Inpec se desplazaba en un vehículo y fue atacado igualmente por sicarios. Recibió cuatro disparos, por fortuna salió ileso.
Hay que rechazar estos y cualquier otro tipo de ataques contra quienes ejercen funciones de vigilancia de las cárceles del país y de los reclusos. La Defensoría del Pueblo calificó estos hechos como de extrema gravedad. “Se suman a una serie de agresiones en el denominado plan pistola, que en los últimos tres años ha cobrado la vida de más de 30 integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC en todo el país”. Es una cifra elevada que debe preocupar a todas las instancias, porque no puede seguirse exponiendo a estos servidores. El Gobierno debe brindarles todas las garantías para que sigan ejerciendo sus tareas sin estar sometidos a este tipo de riesgos.
Como “acto de barbarie terrorista” calificó el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, el hecho de la Modelo, y aseguró que actuarán con firmeza para que no quede en la impunidad. Más allá de las reacciones y de los anuncios, lo que debe hacer de inmediato el Ministerio de Justicia y Derecho y el Inpec es mejorar la protección como pide la Defensoría del Pueblo, además de solicitar que la Unidad Nacional de Protección (UNP) evalúe el nivel de riesgo de los guardianes heridos y afectados por estos hechos.
De hecho las condiciones laborales de algunos miembros del Inpec no son las mejores. Los que laboran en el área administrativa de la Cárcel de Varones La Blanca, en Manizales, vienen en jornadas de protesta pidiendo prima de riesgo y de estudio, como sí las tienen los de custodia y vigilancia. Son 35 personas en esta capital y a nivel nacional llegan a 3 mil 600 que desde hace un mes piden que los incluyan en estos beneficios y dejen de marginarlos. Importante que se den los mismos beneficios, pero lo primero debe ser garantizar la protección de la vida y la integridad de cada uno de los miembros del Inpec.
