Mucha sapiencia deberán tener los alcaldes del país si van a poner en ejecución el protocolo que expidió el Ministerio de Justicia con las restricciones para el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, en cumplimiento de una orden de la Corte Constitucional. Además de un conocimiento profundo de las realidades y dinámicas de cada municipio, los mandatarios tendrán que actuar con prontitud para hacer esta regulación mediante decretos teniendo en cuenta horarios, sitios y circunstancias para el consumo, y en los que definitivamente no se podrá hacer.
La Corte determinó que la prohibición del consumo de drogas no puede ser absoluta en el país y por eso le exigió al Ministerio que elaborara un protocolo para establecer regulaciones, el cual finalmente está basado en la política de drogas del Gobierno Petro. Este documento no es de obligatorio cumplimiento para los alcaldes, establece que al reglamentar esta práctica deben primar los derechos de los niños y de los adolescentes, por lo que los momentos del día en que se podrá consumir libremente en espacios públicos se convierte en el centro del asunto y debe decidirse lo más pertinente posible. Los alcaldes deben disponer si eso podrá ocurrir en horarios de clase en escuelas y colegios o en horas de la noche cuando los menores no deben estar en las calles.
Lo que ha dicho el ministro de Justicia, Néstor Osuna, es que los alcaldes podrán hacer restricciones por lugar o por tiempo, o combinar ambos aspectos; además les solicita que en vez de prohibir el consumo implementen programas de prevención en los que les digan a los usuarios de drogas qué tipo de sustancias están consumiendo y los riesgos de mezclarlas, en aras de manejar la situación con un enfoque de salud pública y de derechos humanos, no de discriminación. También deben diferenciar las actividades de porte de dosis para uso personal o medicadas, de las relacionadas con el delito de tráfico y fabricación de estupefacientes.
En el papel pareciera fácil hacerlo, pero aplicar este protocolo demanda enfrentarse a algo que la ciudadanía por lo general rechaza y considera nocivo para la sociedad; además de requerir recursos para un abordaje preventivo y ejecutar cosas como la señalización de los sitios de consumo de drogas con los horarios. Los alcaldes también deben ajustarse a que el consumo no se puede hacer en sitios cercanos a establecimientos educativos, escenarios deportivos, parques, ni zonas históricas de interés cultural. Ya hay mandatarios, como el de Manizales, y concejales del país con iniciativas propias en este sentido.

El año pasado, el Gobierno Petro derogó el decreto con el que la Policía Nacional tenía la facultad de incautar cualquier cantidad de sustancias psicoactivas, incluso si no excedían el límite de la dosis mínima regulada. El planteamiento es si todos los territorios del país están realmente preparados para otorgar este tipo de libertades sin que las cosas se salgan de las manos, y existen los recursos humanos suficientes para su manejo, pues la Presidencia lo que entrega es una hoja de ruta para actuar, pero no anuncia dineros para poner en marcha su política de drogas, ¿cómo hacerlo entonces sin plata?