En octubre pasado, por cuenta de la vorágine informativa de nuestro país y la cantidad de sinrazones en las que se ve envuelto el Gobierno nacional, pasó inadvertida la decisión del presidente, Gustavo Petro, de ordenar la desclasificación de archivos de inteligencia, de contrainteligencia y de gastos reservados del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), luego del reconocimiento internacional por la afectación al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) ante la persecución que sufrió de este organismo, cooptado por sectores de las autodefensas, y por ello se convirtió el DAS en una entidad de inseguridad para muchos colombianos.
En medio del acto, el jefe de Estado presentó disculpas públicas al Colectivo y habló de la necesidad de desclasificar documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol), a la que llamó caja oscura, y de la que advirtió que es más problemática que el DAS, porque este ya desapareció, pero aquella sigue activa. Seguramente no es la mejor manera de decirlo, pero es cierto que el país necesita que se active la desclasificación de archivos de inteligencia y de contrainteligencia de organismos del Estado, de manera proactiva, que no se tenga que esperar al reclamo.
En Colombia, la ley define la función de la inteligencia y la contrainteligencia “en la recolección, procesamiento, análisis y difusión de información con el objetivo de proteger los derechos humanos, prevenir y combatir amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el régimen constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional”. Sin embargo, la historia nos ha demostrado cómo la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que remplazó al DAS; la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Dipol misma y 16 dependencias de las Fuerzas Militares, bajo la mampara de usar información reservada, han podido excederse en sus funciones socavando derechos ciudadanos.
Por ese motivo es que ningún archivo del Estado puede quedar permanentemente reservado. Hay ejemplos claros en el mundo, como se hizo en la ex República Democrática Alemana para poder sanar las heridas del pasado, de cómo las leyes de desclasificación aportan a la democracia y, sobre todo, su puesta en práctica para que cada tanto tiempo, según el tema y el Gobierno, se desclasifiquen documentos. La ley colombiana de clasificación y desclasificación de archivos (1621 del 2012) le otorga al presidente de la República la función de ordenar que se desclasifiquen los archivos para ponerlos en poder del público, debe tratarse de documentos que contengan información clasificada que sea históricamente representativa y que se dé de manera segura.

En un país donde la guerra sucia ha jugado un papel inquietante es necesario para reconstruir la verdad que se desclasifiquen documentos clave para entender el pasado, asunto que volvió a salir a la luz con la conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Sin embargo, mucha historia sigue perdida, mientras organismos del Estado obligados se hacen los de la vista gorda con su deber de mantener un índice actualizado de los documentos clasificados y la razón de tal medida. Es hora de acatar la ley y de mejorarla para que no haya zancadillas a su cumplimiento.