Es vital que ningún hecho de este tipo quede sin investigarse, que ningún aspirante a un cargo de elección popular y ningún ciudadano tenga que abstenerse de realizar sus actividades políticas por miedo o coacción.
De extrema gravedad lo que le está indicando al país el informe Alerta Temprana Especial Electoral 2025 y 2026 que elaboró la Defensoría del Pueblo. Este organismo está advirtiendo que de no ejecutar las acciones recomendadas habrá posibles vulneraciones a derechos y libertades antes, durante y después de los comicios que se avecinan en Colombia entre lo que resta de este año y junio del 2026. Se vienen elecciones a Consejos Municipales de Juventud, recolección de firmas e inscripción de candidatos, consultas internas de partidos, consultas interpartidistas, elecciones del Congreso y elecciones presidenciales.
La Defensoría plantea cinco niveles de riesgo debidos al accionar de grupos armados ilegales distribuidos en todo Colombia. Aparecen 62 municipios en llamado a la acción estatal inmediata frente al riesgo actual, 162 municipios que requieren acción urgente por riesgo probable, 425 a la acción prioritaria frente a riesgo latente, 216 con llamado a la observación permanente por riesgo fluctuante y 257 con llamado a la acción ordinaria o de mantenimiento pues se identificó riesgo bajo. En Caldas la situación que hallaron es que La Dorada, Norcasia, Riosucio, Samaná y Supía figuran con llamado a la acción prioritaria, y los 22 municipios restantes a la observación permanente.
A pesar de tener este mapa con riesgos identificados, el mensaje es que las elecciones se podrán realizar como históricamente se han hecho en el país, desde que se tomen las medidas sugeridas. Para ello se requiere que los ministerios del Interior y de Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría, las personerías y los organismos de control dirijan sus esfuerzos a todo el territorio nacional para brindar las garantías necesarias y que todos estos procesos se puedan desarrollar sin contratiempos.
Este año en el país ya van dos asesinatos de militantes del partido Centro Democrático: Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial, y Yeimar Gamboa Yepes, líder social y candidato al Consejo Municipal de Juventud de Chigorodó (Antioquia) ocurrido el 23 de septiembre. Se convierten en motivos más que suficientes para requerir garantías de seguridad en zonas urbanas y rurales, vías y puestos de votación; proteger a candidatos, periodistas, víctimas y firmantes de paz; asegurar la logística y transparencia de los procesos electorales, y vigilar el cumplimiento de garantías y la protección de derechos.
Se suman denuncias que han hecho otros precandidatos presidenciales, como Mauricio Lizcano porque recibió amenazas en su sede en Manizales. Es vital que ninguno de estos hechos queden sin investigarse. Que ningún aspirante a un cargo de elección popular y ningún ciudadano tenga que abstenerse de sus actividades políticas por miedo o coacción. Pero también que se busque y se pida la protección del Estado sin desgastarla o sin necesidad.

El Gobierno nacional no puede ignorar y mucho menos desechar lo que está advirtiendo la Defensoría. Se trata de un trabajo serio que también obliga a gobernadores y alcaldes a tomar todas las medidas para que las elecciones no sufran contratiempos de ninguna clase. De por medio está la pervivencia de nuestra democracia con unas elecciones en paz.