Que difícil apelar a las razones técnicas en un país polarizado, gobernado por ideólogos y no por técnicos, mientras la oposición se parapeta en que todos los males actuales del país son únicamente propiciados por este Gobierno sin reparar en que varios de esos problemas vienen de atrás. La decisión del Consejo de Estado de ordenar la suspensión del decreto que estipuló el alza del salario mínimo para este 2026 debe ser evaluado en sus aspectos técnicos y jurídicos y no en los políticos, como ya el ministro del Interior lo señaló.
El Consejo de Estado tomó la decisión con un fundamento claro: el aumento del salario mínimo cuadruplicó la inflación y multiplicó por 25 la productividad, además de no tomar en consideración ni siquiera los topes fijados por quienes estaban negociando el alza. Los sindicatos empezaron las negociaciones fijando el incremento en 16 por ciento, mientras que los empresarios hablaban de 7 por ciento, el incremento del 23 por ciento nunca estuvo sobre la mesa, dice el máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y el Decreto que regula cómo se debe fijar este incremento en Colombia es taxativo en tener en cuenta productividad, inflación y la negociación del sector productivo y de los empleados.
En nada de esto se basó el presidente, Gustavo Petro, a la hora de tomar la decisión que termina afectando la productividad, a los empresarios, pues se debe recordar que los costos laborales en Colombia van en aumento, tanto que por cada salario mínimo son casi un millón de pesos más que debe asumir el patrono por parafiscales y otros cargos asociados al pago, al punto que ciudades como Manizales, la segunda con mayor tasa de empleo formal en el país, se ve más golpeada, por supuesto, que donde abunda la informalidad. El Consejo de Estado definió la norma que aprobó el aumento como meramente retórica.
Muy oportuna la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas que expidió una circular un par de horas después de conocerse la noticia, invitando a los empresarios a respetar por ahora lo ordenado por el Gobierno nacional hasta que salga el nuevo decreto que corrija la situación, para lo que el Consejo de Estado dio una semana. Esto con el fin de no generar más incertidumbre y a pesar de los costos que entraña para los empleadores, pero es lo correcto, en lugar de parar los pagos hasta la definición absoluta.

Es casi que un saludo a la bandera pedir que este tema no se convierta en una nueva pugna partidista, porque en época electoral todo se aprovecha de un lado y del otro. Los amigos del Gobierno y los sindicatos ya hablan de salir a las calles a presionar, lo que seguramente también servirá para batir la bandera del candidato de los afectos de Gustavo Petro, mientras que otros candidatos no afines seguro harán lo propio en la otra orilla, abandonando la mayoría la reflexión serena, la explicación profunda y la invitación a ser pacientes para lograrlo. A eso estamos llegando en Colombia, cuando lo que pide el momento es cabeza fría.