No se justifica que la Gobernación lleve invertidos unos $25 mil 616 millones desde el 2019 para revivir y mejorar 15 centrales de sacrificio animal, y que transcurridos siete años solo 3 estén operando: Pácora, Marquetalia y Samaná. Ninguna que haya cumplido al 100% los requisitos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que son los mismos para todas las centrales del país para funcionar en óptimas condiciones. Les faltan más obras y equipos.

En Caldas hay otros 12 mataderos que llevan años cerrados, a pesar de que la Gobernación ha hecho en ellos millonarias inversiones. No logran llenar las exigencias del Invima. La central de Filadelfia está cerrada desde el 2018, a pesar de haber recibido inversiones por 1.074 millones 770 mil pesos. La Alcaldía reversó una sociedad de economía mixta de funcionamiento, ahora la Gobernación promete que esa central estaría lista para el 2027, último año de Gobierno. Otros 2 municipios, Marulanda y Victoria, más bien desistieron de continuar con este tipo de proyectos.

Todos son datos que recopiló un trabajo periodístico de LA PATRIA, municipio por municipio, mostrando que el estado de este plan a cargo de la Secretaría de Agricultura de Caldas sigue siendo alarmante. El Departamento administra las centrales con las alcaldías, bajo el visto bueno del Invima, pero sus resultados indican o que fue un plan demasiado ostentoso que no se calculó con las reales posibilidades financieras de los municipios o que ha faltado rigor en el control y seguimiento a la inversión de recursos públicos, y la responsabilidad le atañe además a los organismos de control de Caldas.

En un año la situación es casi idéntica. En otro informe publicado por LA PATRIA en el 2024 se estableció que de 17 centrales de sacrificio 14 estaban cerradas por incumplimiento de requisitos. Entre el listado había unas pocas que, igual que en este 2025, anunciaban estar cerca de recibir autorización para abrir. No obstante, el tiempo sigue corriendo y no se ven avances significativos o que las condiciones hayan cambiado. Más bien lo que hay son alcaldes preocupados, porque heredaron un problema de años y sus territorios no cuentan con los dineros suficientes para apostarle a lo que falta en los mataderos, algunos que requieren cuantiosas obras y equipos.

La Asamblea de Caldas, que aprobó los recursos para este plan, debería convocar a una sesión de control político en la que el secretario de Agricultura explique exactamente qué ha sucedido y para dónde va dicho plan. Se deben eliminar los riesgos de someter al Departamento y a las alcaldías a un posible detrimento patrimonial por menoscabo, disminución, perjuicio, pérdida, uso indebido o deterioro de bienes y recursos públicos, producido por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, como señalan las normas.

Las soluciones para las centrales de sacrificio animal no pueden seguirse aplazando en Caldas, de por medio está también la salubridad de las personas y los costos de las carnes, como alimento de primera necesidad. Con todo esto lo que se está incentivando más bien es que predominen los mataderos ilegales en el departamento, que son tanto o más peligrosos que descuidar los recursos públicos.