La misma determinación que ha tenido el Gobierno Petro para negar la petición de cabecillas del Tren de Aragua, pidiendo ser parte de las mesas de negociación de paz total en Colombia, debería aplicarla con las guerrillas y organizaciones criminales en el país. No solo debe hacerlo con el Tren de Aragua, banda delincuencial venezolana con influencia en Colombia a la que se le atribuyen crímenes transnacionales y de lesa humanidad. Se debería prohibir a cualquier grupo ilegal que se empeñe en mantener sus acciones delictivas, violentas y de vulneración de derechos a la población.
El pasaporte para iniciar y participar de cualquier proceso o mesa de diálogo de paz no puede ser solamente una expresión verbal de voluntad, hay que ir más allá y exigir compromisos de alto el fuego, dejación de las armas y parar la comisión de todos los delitos en que han incurrido. La paz no puede dejar convertirse en subterfugio para buscar impunidad y acceder a beneficios de la justicia, de allí que sea muy razonable la respuesta del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, al Tren de Aragua de no permitir, “so pretexto de participar en los procesos de paz, que los grupos delincuenciales se burlen de la justicia”.
Si esta severidad de criterio la hubiese aplicado hace tres años atrás el Gobierno Petro con respecto a los acercamientos con los grupos al margen de la ley en Colombia el panorama de seguridad y orden público sería completamente distinto. Sin embargo, les dio largas, los ha tratado con benevolencia y hoy, incluso después de protagonizar tragedias humanitarias como la del Catatumbo en enero de este año y tantos otros atentados en diferentes lugares del país y ataques contra la sociedad civil, el presidente, Gustavo Petro, vuelve a hablar de darles otro chance.
Después de nueve meses del horror en el Catatumbo, que dejó un centenar de muertos y miles de desplazados y llevó a levantar las conversaciones con la guerrilla del Eln por los enfrentamientos con las disidencias de las Farc debido a luchas territoriales, el presidente afirma que es hora de reiniciar contactos con el Eln, así los haya acusado de cometer crímenes de guerra y de cambiar la revolución por el narcotráfico atacando a sangre y fuego a civiles de manera sistemática.
Se olvida el presidente de la condena que profirió hace unas semanas un juzgado de Pasto contra alias Pablo Beltrán, al que como jefe negociador del Eln llamó de nuevo para reiniciar las conversaciones. Este despacho condenó a 58 años y medio de presión a la cúpula del Eln, en la que está Beltrán, por el asesinato en Nariño de tres firmantes del acuerdo de paz con las Farc en el 2016.

Por más que el Gobierno anhele pasar a la historia como hacedor de la paz total, no es el momento propicio para reiniciar este proceso. Tampoco significa que tenga que detener los acercamientos para que en lo que resta del periodo presidencial se puedan dejar unas bases bien cimentadas de lo que serán futuros diálogos y procesos de paz. Lo que sería muy grave es que se busque forzar por cualquier medio el alcance de un acuerdo mal elaborado y que simplemente acrecentará la delincuencia y la violencia.