La Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE) le hicieron seguimiento al Compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia, que firmaron el año pasado varios actores, entre los que se cuentan 27 candidaturas presidenciales. Se trata de un pacto con miras a fortalecer la democracia, prevenir la violencia política y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos dentro de los procesos electorales previstos para el 8 de marzo al Congreso y las dos vueltas presidenciales (31 de mayo y 21 de junio) si las hay.
Buena parte de los procesos electorales en Colombia se han desarrollado en contextos marcados por la violencia; han sido campañas cargadas de discursos de odio contra los otros y acciones agresivas con tal de estar por encima. Poca regulación ha habido al respecto y por eso se considera tan positivo que para esta ocasión sí se esté pensando en comprometer a los actores políticos y también a los no políticos con un debate de calidad en el que primen el respeto por la vida y los derechos de los demás a ser elegidos y a elegir sin ningún tipo de presiones.
En este sentido hay que decir que debería contenerse una práctica que se ha vuelto recurrente al menos en Caldas y que consiste en la destrucción y el vandalismo de las publicidades electorales en espacios públicos autorizados. Por lo general se trata de enfrentamientos entre campañas; como una forma de enviar mensajes, de asustar, de intimidar. No tendría que estar pasando si dentro de las campañas políticas se dieran directrices precisas de respeto con el otro y de no agresión. Se sabe que la política es de pasiones, pero la militancia, los apoyos y los respaldos no tienen porqué pasar los límites y convertirse en delincuencia.
Se espera además que la publicidad negra, esa que circula con informaciones falsas de candidatos y que nadie se atribuye ni firma, sino que queda en el anonimato no logre el cometido que se propone de atacar. También ha sido en Caldas una manera muy poco ética de enfrentar a los otros y esto también se debe frenar. Si una campaña, un candidato o un ciudadano tiene pruebas reales y suficientes y sabe de irregularidades de quienes están en contienda están en la obligación de ponerlo en conocimiento de las autoridades. No puede ser una situación que se deba manejar aplicando la justicia por cuenta propia, porque para eso están las instancias pertinentes, que son las encargadas de investigar.

Este Compromiso promovido por la Defensoría del Pueblo y la MOE plantea acciones para prevenir la violencia política, entre las que aparecen como esenciales la protección de la vida, promover un lenguaje respetuoso y no estigmatizante y garantizar la difusión de información veraz y verificable, sobre todo en entornos digitales en los que fácilmente se ataca a los demás sin que casi nunca nadie responda como debería ser. Una elección tiene que ser un compromiso con la democracia en el que todos los ciudadanos puedan gozar de sus derechos a plenitud, en libertad y en paz.