¿Por qué las ciudades y los campos se volvieron tan ruidosos para todas las actividades? Se dejaron sobrepasar los niveles de ruido, al punto que hoy todo sonido estridente parece permitido y nadie hace algo para frenarlo. Fue necesario tramitar en el Congreso de la República la Ley Contra el Ruido, autoría del representante a la Cámara por Antioquia Daniel Carvalho, que fue aprobada el año pasado y este año, con la firma del presidente Petro, pasó a ser la Ley 2450 del 4 de marzo.

Esta Ley pretende reducir la contaminación acústica en Colombia y fortalecer las herramientas para controlar y sancionar los excesos de ruido en ciudades y campos. No está dirigida solamente a los establecimientos nocturnos o a los vecinos que impiden conciliar el sueño con música a todo volumen; va más allá porque el ruido también se apoderó del día y se siente en las calles con megáfonos, parlantes y actividades de perifoneo para promocionar ventas y llamar clientes; o los vehículos que transitan sin silenciador, especialmente motocicletas; o gimnasios, supermercados, empresas e incluso instituciones que alteran la tranquilidad.

Lo positivo de esta norma es que ya no será indispensable que la Policía tenga que llegar con un sonómetro a medir los niveles de ruido, única prueba válida para sancionar a los infractores. Ahora los videos y los testimonios de los afectados son igual de válidos como prueba. La Policía queda facultada para desactivar la fuente de ruido e imponer multas hasta de $759.200 diarios cuando se altera la tranquilidad. Más allá de este esquema punitivo, que es necesario para los casos que se salen de control, lo más importante es que en el país se empiece a tomar conciencia de que es una cuestión de salud pública bajar el volumen a todas las actividades, incluso al tono de voz; muchos adultos se acostumbraron a gritar y es lo que están transmitiendo como patrón a los niños.

Los ministerios de Ambiente, Salud y Vivienda deben estar trabajando ya en la reglamentación de los procedimientos de reducción, niveles de prevención, alertas de emergencia y otros puntos que deberá contener la política pública de Calidad Acústica, que debe quedar lista en 18 meses. Por su parte, lo que dice la Ley Contra el Ruido es que los municipios de más de 100 mil habitantes están obligados a desarrollar un Plan de Gestión Contra el Ruido, que debe tener como base un diagnóstico que permita identificar las principales fuentes de contaminación acústica y establecer las medidas para contrarrestarlas.

Los concejos y la ciudadanía deberán estar vigilantes para que esto se cumpla. En los municipios de menos de 100 mil habitantes será voluntario crear su plan, pero todos deberían hacer el esfuerzo y elaborarlo porque el ruido está afectando a todos los municipios. En un informe publicado por LA PATRIA este fin de semana se difundió que 7 de cada 10 llamadas que recibe la Policía por denuncias ciudadanas están relacionadas con problemas de ruido. Por el bienestar de todos, es hora de empezar a bajar el volumen.