Lawfare es un término en inglés que se emplea para referirse a la judicialización de la política como una forma de sacar del juego democrático a un oponente político. Es cómo se instrumentaliza el sistema judicial para lograr réditos políticos al mostrarse como alguien que fue capaz de llevar a tribunales a una persona a la que se le señala de algún delito. Como muchas otras formas de guerra sucia, esta se está empleando en la política colombiana desde hace rato, trayendo consecuencias nefastas al lado de maneras nada ortodoxas de combatir a los oponentes políticos como la desacreditación de su honra atacando por redes sociales.
Traemos a colación estas pésimas maneras de hacer política por la instrumentalización de un lado y del otro del proceso judicial que en segunda instancia terminó en favor del expresidente Álvaro Uribe, porque tanto en el fallo de primera instancia como en el que acaba de dictar el Tribunal Superior de Cundinamarca, seguidores y detractores han aprovechado para utilizar la justicia. Cualquiera se puede expresar en contra de un fallo judicial, pero lo que resulta negativo es que se haga no con criterios jurídicos, sino por los intereses partidistas, como ha sucedido. Lamentable que hasta el presidente Gustavo Petro aproveche para sacudirse del mal momento por el que pasa y que ha afectado su imagen y convoque a marchas y hasta -por enésima vez- a una Asamblea Constituyente.
Es ridícula esta postura, porque una vez más el presidente demuestra su irrespeto por la separación de los poderes públicos y muestra un ánimo revanchista que en nada le conviene al país. No tiene sentido que agite la bandera del constituyente primario porque a él no le gustó cómo terminó el fallo judicial de una persona y contra el que, entre otras cosas, aún es posible interponer un recurso extraordinario de casación, del que el precandidato de la izquierda Iván Cepeda dijo que intentará agotarlo. Es su derecho y el camino que deben tomarse en las acciones judiciales, no presionando jueces desde las calles con arengas y menos con el megáfono privilegiado de quien ocupa el principal cargo del país. La fortaleza de la democracia se basa en el respeto por las instituciones, de lo que no ha hecho gala este Gobierno.
En cuanto al expresidente Álvaro Uribe, está en todo su derecho de seguirse defendiendo en caso de que prospere una nueva etapa del proceso judicial, pero tampoco le conviene al país que lo haga desde una vocería que incite al odio. Lo que se está desarrollando es un pleito judicial y tanto en los dos fallos ya conocidos y contradictorios y en uno tercero si se da, son argumentos jurídicos los que se expresan y eso se debe entender en esa dimensión.

El ambiente electoral en Colombia está tomando visos muy serios que ya acabaron con la vida de un precandidato presidencial. Por eso insistimos en la necesidad de que haya un llamado desde los dirigentes a la calma y a no agitar discursos violentos, porque sabemos que generalmente no terminan bien para el país. Es hora de dejar el lawfare de lado y que la política se resuelva con política, mientras lo judicial se deje a los jueces y en los tribunales.