La seguridad es de esos activos intangibles, que no se ven físicamente, pero se perciben muy fácil; bien, cuando se tienen logros y las ciudades se destacan por su tranquilidad, orden y las vuelve más atractivas; igualmente se aprecia muy mal cuando aumenta la comisión de cualquier tipo de delito, se rompe la confianza en las autoridades, predomina el miedo y hay pérdida de valor económico. La alerta se encendió para Caldas porque en solo dos semanas de este 2024 completó siete homicidios, faltando muy poco para doblar los 4 registrados durante todo el mes de enero del 2023.
En Chinchiná ocurrió el primero. El cuerpo de un taxista que fue candidato al Concejo fue hallado baleado dentro del vehículo. Se desconoce si fue por venganza o por robarle. En Arauca, corregimiento de Palestina, los enfrentamientos entre combos al parecer por microtráfico dejan un hombre muerto a bala y tres heridos con puñal. En la Galería de Manizales, en una supuesta riña, un hombre fue asesinado con arma blanca. En Supía, un compañero de trabajo mató a otro con arma de fuego. En una tienda del corregimiento de Arma (Aguadas) dos clientes asesinaron a machetazos al tendero y dejaron herida a una mujer. Investigan si fue riña o intento de robo.
Los dos casos más recientes fueron, uno en Riosucio, sector La Ermita del resguardo indígena Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, en donde encapuchados le dispararon a un hombre y huyeron. Líderes habían reportado presencia de desconocidos, encapuchados y armados. El otro fue de nuevo en Chinchiná, pero en plena vía urbana. Un motociclista recibió tres disparos de dos sujetos que se le acercaron en otra moto. La semana pasada desde este espacio editorial exponíamos la necesidad de que las autoridades departamentales y municipales actúen rápido para no dejar crecer la inseguridad.
Ninguno de estos siete casos debe ser tomado por el gobernador, los alcaldes y sus secretarios de Gobierno como hechos tangenciales. Están expresando que algo delicado está sucediendo y que se requiere tomar medidas en el departamento, desde la identificación de las causas hasta establecer responsables; mucho más si se trata de la configuración de delicados fenómenos sociales que están afectando la tranquilidad y el buen vivir de las comunidades y exigen el apoyo de instancias superiores.

Experiencias anteriores demuestran que la integración de los alcaldes con la Fuerza Pública para estructurar planes especiales contra la delincuencia funcionan bien, además de contemplar el pago de recompensas por entrega de información certera que ayude a dar con los responsables y esclarecer muchos de estos hechos. Pero ante la falta de agentes suficientes de la Policía, que es un hecho en todos los municipios, habrá que acudir a gestionar cámaras de seguridad u otros sistemas que les ayuden a los uniformados en su labor y puedan cumplir con una reacción oportuna.