Hace 40 años, el 6 de noviembre de 1985, Colombia empezaba a vivir una de sus peores incursiones violentas que duró dos días. La guerrilla del M-19 realizó la toma armada del Palacio de Justicia en Bogotá, que desató una desmedida respuesta del Estado con lo que fue la retoma de la Fuerza Pública para recuperar la institucionalidad. Pero eso no puede desdibujar lo que fue la intención demencial del M-19 de arrasar con las oficinas judiciales más destacadas del país.
Pasadas cuatro décadas, duele que no exista un balance claro; ni siquiera la identificación exacta de los responsables y participantes del M-19 y quienes se excedieron del lado de la Fuerza Pública, que deberían estar pagando penas por los delitos cometidos en la toma. Tampoco se ha dado el resarcimiento con todas las familias víctimas, teniendo hoy instaurada la Comisión de la Verdad para la reparación y la no repetición. No se sabe el número de muertos que dejó esta incursión guerrillera, entre los que además de magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia y otros miembros de la Rama Judicial hay que contar empleados y ciudadanos que realizaban en el Palacio cualquier trámite y encontraron fue la muerte.
Voces oficiales indican que fueron 95 muertos, de los cuales 76 fueron plenamente identificados, pero hay otros militares que hablan de cerca de 100 muertos. Lo cierto es que aún se sigue esperando claridad sobre personas desaparecidas, se calculan unas 11 de las que no se sabe su paradero o qué ocurrió con sus cuerpos si fueron asesinados. Es muy lamentable que el Estado colombiano no haya podido establecer la verdad plena y todavía abunden versiones para desvirtuar lo que allí pasó.
Poco ponderado el presidente Gustavo Petro, quien militaba para entonces en el M-19, que trate a estas alturas de justificar la toma arguyendo que se ejecutó con fines políticos porque lo que hubo fue una supuesta traición del Gobierno del presidente Belisario Betancur, al no respetar una tregua pactada con esa guerrilla. Cualquiera haya sido el motivo para tomarse el Palacio de Justicia, ninguno podía ser superior a respetar y proteger la vida; como tampoco facultaba a nadie para el uso de armas y explosivos que incendiaron y destruyeron esta edificación del Estado.
Además el presidente Petro sigue sosteniendo que las pruebas practicadas a algunos cadáveres arrojaron que las balas no eran de armas de la guerrilla, cuando un grupo de guerrilleros ingresó disparando por el parqueadero del Palacio. Pero sí niega ahora lo que dijo en una entrevista a Caracol Televisión hace más de 10 años, cuando calificó de “genio” a Luis Otero, creador del plan de toma del Palacio, que tenía a su cargo el comando Iván Marino Ospina.
La toma del Palacio de Justicia en Bogotá es un hecho violento que no puede repetir Colombia, ni tampoco tiene justificaciones. Allí fueron 28 horas de horrores y en homenaje a quienes las tuvieron que vivir en carne propia es que se debe entender y aprender, especialmente entre las generaciones que vinieron después, que no es con las armas como se consiguen los objetivos, la vía menos efectiva para un país marcado por la violencia.
