Así las vacaciones escolares hayan comenzado, los padres de familia se encuentran matriculando a sus hijos en instituciones educativas públicas y privadas para el 2026 en Manizales, proceso que incluye desde ya la contratación del transporte escolar como parte de la logística para la permanencia de los estudiantes en los centros educativos. Lo que se espera como ciudad educadora es que los servicios escolares que se ofrecen sean de la mejor calidad y que existan los controles suficientes para detectar irregularidades y corregirlas, pues de por medio está la vida e integridad de los estudiantes.
Preocupa mucho y a nadie puede dejar tranquilo lo que advierte el secretario de Educación Municipal, Andrés Felipe Betancourt, en relación a lo que está sucediendo con el transporte escolar: “Tenemos evidencias de niños transportados en bodegas de vehículos, sin monitores, sin revisión técnico mecánica, sin seguro contra accidentes”. Todas son anomalías que deberían tener un estricto control, comenzando por los padres de familia como contratantes para exigir a quien les ofrezca y les preste este tipo de servicios el cumplimiento de todos los requisitos de ley. Se logra contando con información de fuentes confiables, de manera que aprendan a detectar las irregularidades para no caer fácilmente en un mal servicio que esté poniendo en riesgo a los escolares.
También las instituciones educativas cumplen un papel esencial en esta labor. Conocen con mayor detalle lo que sucede durante el ingreso y la salida de los estudiantes; además de tener datos de las empresas de transporte especial autorizadas. Deberían informar a las autoridades cuando detecten irregularidades. Es su deber. Y a las secretarías de Educación, Movilidad y del Interior les corresponde hacer la vigilancia suficiente para que sea un servicio en regla. Lo que está pasando es que a pesar de las inspecciones que se hacen con personal oficial persiste el transporte escolar informal, que es el que no garantiza las condiciones de seguridad, acompañamiento y protección para los estudiantes, como mínimos que se deben exigir.
La decisión a la hora de contratar un transporte escolar no puede sujetarse única y exclusivamente a los costos. Es evidente que para los carros habilitados siempre será más oneroso ofrecer este servicio, porque tienen que pagar múltiples exigencias entre las que aparece la adquisición de pólizas de seguridad, con las que los informales no cuentan. En épocas anteriores hemos tenido en el municipio accidentes de vehículos de transporte escolar con estudiantes lesionados. Son hechos que han dejado en evidencia el incumplimiento de las condiciones normativas. La Secretaría de Movilidad reporta que han inmovilizado vehículos e impuesto comparendos, actividades que debe fortalecer para reducir la presencia de la ilegalidad.

Son más los riesgos de someter a los escolares a este tipo de transporte, por eso no se puede considerar exagerado el llamado del secretario de Educación, que está previniendo. De toda la cadena, los conductores son los primeros llamados y encargados de que estos casos no ocurran, y aunque abordar cualquier vehículo siempre implicará riesgos, si priorizan el ejercicio ético y responsable del oficio frente a lo demás se evitarán nefastas consecuencias.