La decisión que tomó este viernes (13 de febrero) el Consejo de Estado (CE) de suspender provisionalmente el decreto con el que el Gobierno de Gustavo Petro aumentó el salario mínimo este año al 23% y le ordenó expedir uno nuevo en un plazo máximo de 8 días, puso a hablar a los aspirantes a la Cámara de Caldas y a los precandidatos a la Presidencial de cara a las elecciones.

Érika Muñoz, de la coalición Pacto Histórico-Alianza Verde por el departamento, expresó por su red social de Facebook que con la medida lo que se ve es cómo las instituciones que han sido tradicionalmente fortines políticos como el CE están siendo utilizadas para sabotear las reformas y acciones del Gobierno que velan por los verdaderos intereses de los trabajadores, de las diferentes colectividades y fuerzas políticas vivas del país.

"¡Todo para ellos, nada para el pueblo! Es la filosofía de magistrados que ganan exhorbitantes sueldos, alrededor de los 55.000.000 millones de pesos, cuando el Gobierno procura un salario mínimo vital de 2 millones de pesos", público la candidata.

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Paula Andrea Toro, del partido Alianza Social Independiente (ASI), indicó que como economista entiende cómo ese incremento responde a los indicadores macroeconómicos, pero que la discusión es más política que económica y que los únicos afectados serán los colombianos. 

"Las decisiones sobre el salario mínimo no pueden tomarse desde un escritorio, de espaldas a la realidad de millones de familias. Hoy queda una incertidumbre innecesaria: ¿cuál será finalmente el salario mínimo? Para mí es claro: el salario debe respetar el trabajo que ya hicieron millones de colombianos y la vida que ya planearon para 2026. Jugar con esa estabilidad no es técnico, es desconectado", publicó en su red social de Facebook.

Asimismo, Mauricio Lizcano, precandidato a la Presidencia de la República, manifestó por medio de un video que el CE se equivoca al suspender el decreto que establecía el aumento del salario mínimo y que por ello presentará una tutela contra la decisión.

"Los derechos de los trabajadores adquiridos son intocables y ese aumento ya se pagó en el primer mes. Luego no se puede a través de una medida provisional atacar los derechos de los trabajadores. Hay que ayudarle a los empresarios, pero bajándoles los impuestos", concluyó Lizcano.

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