Antes de clausurar el primer periodo de sesiones extraordinarias, el Concejo de Manizales aprobó con 18 votos a favor el proyecto de acuerdo por medio del cual autorizaba al alcalde, Jorge Eduardo Rojas, y a gerentes de establecimientos públicos para comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales para suscribir proyectos interadministrativos en esta vigencia y evitar restricciones por la Ley de Garantías, teniendo en cuenta que el próximo año es electoral.  

"Este proyecto le permite a la ciudadanía que en los tiempos de elecciones a Congreso y Presidencia en que no se pueden hacer contratos y convenios administrativos, asegurar esos recursos para el libre funcionamiento de la Administración municipal y de las obras que se piensan ejecutar", dijo el ponente del proyecto Julián Osorio, concejal del Partido En Marcha y presidente de la Mesa Directiva del Concejo. 

Durante su intervención explicó que a partir del 8 de noviembre del 2025 no se podrán realizar ni convenios ni contratos interadministrativos, pues las elecciones para el Congreso de la República son el 8 de marzo del 2025 mientras que el 31 de mayo del 2026 serán para elegir presidente. Por ello, desde el 31 de enero del 2026 tampoco se podrá hacer contratación directa.

En ese sentido las vigencias futuras ordinarias serían de $321 mil 904 millones 386 mil 778. De ellos, $271 mil 813 millones 386 mil 778 corresponden al total de vigencias futuras ordinarias más excepcionales 2026 y $50 mil 091 millones corresponden al total de vigencias futuras excepcionales 2027. 

Manuel González, secretario General de Manizales, expresó que este proyecto es importante no solo para la Alcaldía, sino para la ciudad  porque se anticipa a unas elecciones.

"Comprometer vigencias futuras permite que programas y actividades se hagan sin ningún contratiempo. Hablamos de recursos orientados a la alimentación escolar, el transporte escolar, pero también para el funcionamiento de la línea 123 de emergencias, pero también es un proyecto que nos permite iniciar la contratación de obras de infraestructura que por su tamaño empezarán en esta vigencia, pero no terminarán en ella, sino en la siguiente". 

Añadió que lo importante es avanzar en el desarrollo de los proyectos de ciudad. Asimismo, la única concejal que se declaró impedida para votar por conflicto de intereses fue Manuela Rodríguez, del Partido Conservador, pues aseguró que tiene una familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad como secretaria de despacho en la Administración municipal. 

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