LA PATRIA | MANIZALES

Juan Carlos Galindo Vacha, profesor del Departamento de Derecho Público de la Universidad Javeriana y exregistrador Nacional del Estado Civil, habló con LA PATRIA sobre la propuesta del presidente, Gustavo Petro, de implementar una consulta popular para que sea la ciudadanía la que avale sus reformas (laboral y de salud) que el Congreso se ha negado a hacer.

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Según él estos serían los pasos a seguir para poderla llevar a cabo:

1. El presidente tendría que pasar la solicitud de consulta popular al Senado de la República.

2. El Senado entra a debatir esa solicitud y la votará. La podrá aprobar o desaprobar y para eso tiene un plazo de un mes (30 días). En caso de ser aprobada, entraría la fijación de la fecha que no puede ser más allá de tres meses siguientes. A eso se suma todos los preparativos que tendría que hacer la Registraduría.

3. La entidad tiene que cotizar cuáles serían las necesidades financieras y pasarle la solicitud al Ministerio de Hacienda para que le haga entrega de esos recursos.

4. Una vez recibidos, la Registraduría empezará a contratar todos los requerimientos logísticos necesarios para la preparación del proceso.

5. Si se llega a dar la votación de la consulta, en su aprobación tienen que suceder dos cosas: La primera es que esa votación, que es de carácter nacional, debe superar el umbral señalado en la ley que es la tercera parte del censo electoral. Es decir, que deberían que votar 13 millones de ciudadanos.

Segundo, si esa votación supera ese umbral luego habría que verificar si el Sí obtiene la mitad más uno de los votos válidos. Si eso es así se aprobaría la consulta popular y le tocaría al Congreso de la República incorporar esas respuestas dadas por el pueblo en una ley de la República colombiana para incorporarla en el ordenamiento jurídico.

6. Los costos también son importantes tenerlos en cuenta porque este proceso pensaría que podría estar rondando hoy los $500 mil millones o $600 mil millones teniendo en cuenta que en el 2018, la consulta anticorrupción le costó a la Registraduría $310 mil millones, pero con el aumento de precios y del censo electoral pensaría que la cifra está alrededor de esa suma.

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