LA PATRIA | MANIZALES

La Fundación para el Estado de Derecho rechazó la intención del Gobierno nacional de convocar a una consulta popular para aprobar las reformas laboral y de salud porque representa un intento del Ejecutivo de suplantar al Congreso en sus funciones.

Por medio de un comunicado la organización no gubernamental explicó que la negativa del Congreso no equivale a un bloqueo, sino al ejercicio legítimo de su función de control legislativo como órgano elegido democráticamente.

"Las declaraciones del presidente distorsionan el funcionamiento adecuado de la democracia representativa y constituyen un intento evidente de eludir el debate parlamentario. Mediante una estrategia populista que instrumentaliza la movilización ciudadana, el Gobierno busca deslegitimar el papel del Congreso, lo que debilita los principios democráticos que fundamentan la consulta popular", dijeron.

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Agregaron que no es claro cómo el Gobierno pretende aprobar el contenido de dos reformas estructurales mediante un mecanismo que no está diseñado para crear leyes ni para sustituir al Congreso.

"La propuesta enfrenta el reto de reunir las mayorías especiales necesarias tanto dentro como fuera del Congreso. Más allá de su viabilidad jurídica, esta iniciativa implica una cuestión más preocupante: la elección del presidente no le otorga poder ilimitado ni convierte automáticamente cada una de sus propuestas en un mandato inapelable. Colombia es un Estado de Derecho, no un Estado de opinión", enfatizaron.

Asimismo, manifestaron que el país necesita reformas que se construyan dentro del marco institucional, "no imposiciones unilaterales que pongan en riesgo la estabilidad del Estado.

"La Fundación para el Estado de Derecho Colombia insta a la ciudadanía y a los órganos de control a defender el orden constitucional y rechazar cualquier intento de instrumentalizar la consulta popular como un atajo para concentrar la autoridad en una única rama del poder público".

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