Juan Rafael Giraldo Berrío se dedicaba a cultivar café, yuca, plátano y caña en su finca de la vereda El Empalme, en el corregimiento de Santa Ana, en Granada (Antioquia).

El 15 de abril del 2004, cuando llevaba a cabo sus labores en una molienda de caña, miembros del Batallón de Artillería No.4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez (Bajes) del Ejército, se lo llevaron, pese a las súplicas de su familia.

Luego de 21 años sin saber de su paradero, su familia pudo darle una despedida digna, tras las labores de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), que permitieron identificarlo. Cerca de 30 familiares de Juan Rafael le dieron el último adiós en un cementerio de Medellín.

“A mi mamá y a mí nos tuvieron retenidas apuntándonos con un fusil, se llevaron a mi papá para arriba, para la carretera, donde estaban mis otros sobrinitos. No volvimos a saber de mi papá hasta cuando salió en las noticias como guerrillero, pero él no pertenecía a ningún grupo armado. Él era un campesino. Después de eso, nos tocó desplazarnos”, relató Diana Giraldo, su hija.

Luchó en la búsqueda de su abuelo

Maribel, una nieta, fue testigo del rapto cuando apenas tenía 13 años y fue quien lideró la búsqueda. Contactó a la UBPD y también rindió testimonio ante la JEP en audiencia por el Caso 03 que investiga casos de víctimas de agentes de Estado.

El cadáver de Juan Rafael lo encontraron en la bóveda 64 del pabellón Pablo Sexto del cementerio de Cocorná, Antioquia, en donde lo ingresaron como no identificado, un día después de su desaparición. El 18 de abril del 2024 recuperaron su cuerpo y Medicina Legal confirmó su identidad.

A través del proyecto Memorias de la Ausencia, la La Corporación Región documentó 174 casos de desaparición en Granada y San Rafael, incluido el de Juan Rafael.

De acuerdo con la JEP, antiguos miembros de Bajes reconocieron su participación en la desaparición forzada y asesinato del señor. El pasado 14 de febrero, la Sala de Reconocimiento de Verdad imputó por crímenes de guerra y lesa humanidad a 39 integrantes de la IV Brigada y a dos civiles.

En el documento presentado en ese entonces, se detectó un patrón macrocriminal de agentes de Estado que presentaban a sus víctimas como bajas en combate.

Se tiene un total de 274 casos con 442 víctimas, incluidos cuatro hombres provenientes de Belalcázar y Risaralda (Caldas) y Juan Rafael.

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