Ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Anserma se adelanta un proceso judicial contra dos personas señaladas de fraude procesal y estafa agravada, quienes mediante engaños se habrían apropiado de dos terrenos de un familiar, tras una denuncia presentada en el 2019.

Se trata de un hombre y una mujer, identificados como Gabriel y Sandra, naturales de La Virginia (Risaralda). El sujeto habría aprovechado la confianza que su tío le había depositado para hacerle firmar unos documentos de sucesión, sin que se percatara de lo que hacía.

El afectado denunció esta situación al darse cuenta de que su familiar contaba con una autorización para vender la finca e hipotecarla, con fecha del 28 de julio del 2012. Además adquirió un documento de un ciudadano que aseguraba haber prestado una hipoteca a Sandra, pareja del otro señalado, por $50 millones, por las propiedades ubicadas en Belalcázar.

También se expusieron como pruebas en la denuncia, los contratos de compraventa y diálogos por WhatsApp entre dos familiares de la víctima y el señalado, en los que empezaron a descubrir el engaño.

Los hizo firmar a ciegas

La Fiscalía indicó que en junio del 2013, Gabriel habría citado a sus seis tíos a la notaría de La Virginia para que le devolvieran los dos predios, cuando estos realmente les pertenecían a todos los herederos.

Se presume que este sujeto, un año antes, los puso a firmar poderes que ellos no leyeron por la confianza que le tenían. Luego empezaron a surgir dudas y al solicitar el certificado de libertad y tradición de la finca, donde están los dos lotes, se percataron de que Sandra los había adquirido por $50 millones.

Además, la finca aparecía con una hipoteca por $50 millones, y entendieron que lo que había firmado el señor era un poder para autorizar a su sobrino de vender y de hipotecar predios, que estarían avaluados en $400 millones.

De acuerdo con la Fiscalía, la pareja mantuvo en error a los tíos de Gabriel para obtener un provecho económico al poner estos predios a nombre de la mujer, además de que engañaron al registrador de instrumentos públicos al escriturar la compraventa.

No se puede conciliar

La defensa de los señalados sostuvo que se han llevado a cabo negociaciones con la familia del denunciante, ya fallecido, para subsanar los daños causados.

Sin embargo, el fiscal indicó que estos delitos no son objeto de conciliación y más adelante podrían buscar la opción de un preacuerdo o principio de oportunidad.

Las penas de prisión

La pareja podría pagar hasta 18 años de prisión de resultar condenados, pues la pena se agrava por tratarse de una propiedad avaluada en $400 millones.

Este proceso no quiere decir que sean responsables y será un juez quien determine si los declara culpables o inocentes.

Haga clic aquí y encuentre más información de LA PATRIA.

Síganos en Facebook, Instagram, YouTube, X, Spotify, TikTok y en nuestro canal de WhatsApp, para que reciba noticias de última hora y más contenidos.