La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a cuatro exmiembros del Bloque Magdalena Medio de las Farc, tras hallarlos responsables por secuestros cometidos en Santander, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar y Cesar.

Se trata de Erasmo Traslaviña Benavides, alias Jimmy Guerrero; Pedro Trujillo Hernández, Alberto Cancharina; Jairo Reinaldo Cala Suárez, Jairo Quintero o Jairo Mechas; y Fabio Gil Forero, Norbey Narváez, quienes podrían pagar hasta 20 años de cárcel.

No solamente se trata de toma de rehenes, sino también de otros hechos a los que los sometieron como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violación y violencia sexual, y desplazamiento forzado. Por ser crímenes de lesa humanidad, no tienen amnistía ni perdón judicial.

Para esto se recibieron las versiones de 46 comparecientes del Bloque Magdalena Medio y evaluó las observaciones de 29 víctimas, y se determinó que estos cuatro sujetos ejercieron liderazgo y fueron determinantes para cometer secuestros ordenados por el secretariado.

Ordenaron secuestros y asesinatos

Ellos fueron quienes dieron la orden de secuestrar y asesinar a ciudadanos, pero también omitieron el control de sus tropas cuando maltrataros a las víctimas. Dos patrones seguían en estos casos y eran para financiar su organización armada y ejercer control social y territorial.

El Bloque contaba con ocho frentes rurales, además de columnas y compañías móviles que se financiaron con secuestros, extorsiones, tráfico de coca, minería ilegal y tráfico de gasolina. Además buscó controlar los accesos viales a Bucaramanga, Barrancabermeja y Cúcuta.

Se corroboró su presencia en Catatumbo en Norte de Santander, Santander, el sur de Cesar, el sur de Bolívar, el nororiente y Bajo Cauca antioqueño, el Magdalena Medio antioqueño y el occidente de Boyacá.

Tenían también un corredor estratégico que iba desde la frontera con Venezuela hasta el centro del país, pero terminaron diezmados por distintos ejércitos de paramilitares, autodefensas y narcotraficantes, situación que los llevó a cometer más secuestros por temor a la llegada de sus enemigos a su territorio.

Según la JEP, la supuesta orden de buen trato que ordenó el secretariado se redujo a mantener a las víctimas con vida, mientras su dignidad y bienestar quedaron a discreción de la guardia.

"Asimismo, la sala encontró que la mayoría de las víctimas del Bloque Magdalena Medio que fueron secuestradas con fines extorsivos, no tenían dinero para pagar lo que pedía la antigua guerrilla por su liberación, lo que agravó el sufrimiento de las víctimas y de sus familias", indicó.

Hasta el 15 de mayo del 2025 se ha acreditado a 4.213 víctimas dentro del Caso 01 que investiga secuestros. 189 señalan al Bloque Magdalena Medio: 84 son directas, 96 son familiares o allegados, y 9 son familiares de asesinados o desaparecidos. De los privados de la libertad, 78 son hombres y 15 mujeres.

Por este macrocaso, la JEP imputó a 7 exintegrantes del Bloque Noroccidental, que delinquió en Antioquia, norte del Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda. Estos ya aceptaron los crímenes y esperan diligencia pública de reconocimiento.

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