La JEP acreditó al río Magdalena como víctima y sujeto de derechos dentro del subcaso Magdalena Medio, que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública, en asocio con grupos paramilitares, otros agentes del Estado y terceros civiles dentro del conflicto armado.

El Tribunal adoptó esta medida por petición de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), la Unión Sindical Obrera (Uso), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar); la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) de víctimas de la JEP.

La determinación obedece a las afectaciones que ha sufrido el Magdalena por la desaparición forzada, la contaminación a causa de ataques a la infraestructura petrolera para robo de combustible, por fumigaciones con glifosato y modificaciones del cauce, vertimiento de desechos por explotación minera y la ruptura del tejido social de las comunidades que protegen y viven cerca del río.

La JEP expresó que las poblaciones ribereñas se convirtieron en testigos de cómo los grupos armados desaparecieron a sus víctimas en el afluente, lo que causó un profundo impacto psicológico y social, ante una práctica que se volvió cotidiana.

"Los testimonios de las comunidades reflejan, por ejemplo, el terror que generaba ver cuerpos bajar por el río y no poder recogerlos para darles sepultura, pues podían ser señaladas por los grupos paramilitares y por miembros de la fuerza pública", menciona el comunicado.

Ramón Isaza confesó la práctica

La JEP expuso que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, en fallo contra el exjefe paramilitar Ramón María Isaza Arango y 59 postulados de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm), mostró casos que ilustran el ocultamiento de cadáveres en el río Magdalena.

Según la sentencia, el paramilitarismo usaba el río para ocultar la evidencia y la verdad; cometer retaliaciones contra el enemigo; implementar la mal llamada limpieza social; y ubicar bases paramilitares para controlar la movilidad a través del río y como centros de reclusión, tortura, ejecución, violencia sexual y trabajos forzados.

El Centro Nacional de Memoria Histórica ha registrado la recuperación de 320 cuerpos en el Magdalena desde 1982, aunque la cifra podría ser bastante mayor, y fue entre el 2000 y el 2004 que la práctica de desaparición fue más recurrente.

A adoptar medidas

Ante dicha decisión será obligación del Estado adoptar medidas concretas de protección, conservación, mantenimiento, restauración y no repetición.

"Para asegurar el cumplimiento de estos deberes  frente al medio ambiente, la Corte Constitucional, jueces en la justicia ordinaria y la JEP han considerado al medio ambiente como sujeto víctima y se han ordenado a su favor medidas de protección e, incluso, reparación", dice la JEP.

El subcaso 08 se concentra en el Gran Magdalena (Cesar, La Guajira, Magdalena); los Montes de María y municipios cercanos; el Ariari, Guayabero, Guaviare, Caguán, Florencia y zonas aledañas; y Antioquia y el Magdalena Medio y se ha acreditado a 1.210 víctimas como intervinientes.

Existen actualmente 48 informes en los que se habla de la omisión de miembros de la fuerza pública y la posible participación de funcionarios y contratistas de Ecopetrol en masacre y homicidios que cometieron los grupos paramilitares en Barrancabermeja, entre 1998 y el 2001.

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