La Personería de Manizales denunció que tras una revisión técnica a 2.996 medidas de protección expedidas entre el 2023 y septiembre del 2025, no alcanzan el nivel de efectividad esperado.

Juan Pablo Osorio Gallo, el personero, explicó que la ineficacia detectada en estos casos llevó a abrir un proceso preventivo, sumado a la preocupación por el aumento de hechos de violencia intrafamiliar, especialmente la basada en género, cuya mayoría de víctimas son las mujeres.

El funcionario añadió que este número corresponde a medidas expedidas por comisarías de familia y se lleva a cabo un proceso de depuración en las bases de datos para poder contar con un sistema de información unificado.

Así se espera contar con una georreferenciación para establecer prioridades, adelantar campañas y establecer mecanismos que permitan proteger a las víctimas, según el nivel de riesgo.

De acuerdo con Osorio Gallo, la Policía respondió que no cuenta con la capacidad de hacer seguimiento a estos 2.996 casos y pasar de medidas de papel a actuaciones concretas.

Soluciones planteadas

Se identificó la ausencia de informes de seguimiento periódico, decisiones de cierre cuando los derechos se restablecen o el riesgo disminuye, e inconsistencias entre las bases de datos reportadas por las entidades responsables.

Otro factor que generó la alerta es que las medidas se adoptan cuando podría haber violencia física, sin que se tengan en cuenta otros tipos como la psicológica, económica, sexual o patrimonial.

Con la depuración a la que hizo referencia, el personero señaló que es importante para hacerle frente a un asunto estructural, conocer a qué tipo de violencia obedece cada situación y de este modo, generar alertas tempranas, priorizar intervenciones en comunas y permitir que las autoridades actúen con celeridad.

Ante dichas inquietudes, se presentó un plan de trabajo con las secretarías del Interior y de la Mujer de Manizales, y las Comisarías de Familia, consistentes en:

Depuración y organización de datos; consolidación de la información; priorización geográfica; creación del Observatorio de Medidas de Protección; diseño de un sistema unificado de seguimiento y alertas tempranas; formación y capacitación a servidores públicos y comunidades priorizadas.

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