Un ciudadano que denunció la supuesta estafa de la que fue víctima y perdió prácticamente todo su patrimonio, aseguró que luego de que se hizo público su problema, las amenazas aumentaron.

Como resultado de esto, el hombre debió interponer una tutela ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales, por temor a las represalias y lo que pudiera ocurrir contra él y su familia.

El pasado 6 de diciembre, la entidad falló a favor del afectado y ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar las condiciones de riesgo en un lapso de 20 días como máximo, dadas sus condiciones de activista político, sus denuncias y el contexto de la región en donde desempeña su trabajo.

En el oficio se desvincula a la Policía sobre el acompañamiento necesario para el ciudadano, sin embargo, este indicó que desde que se emitió la respuesta a la tutela ha contado con dicho servicio.

Persecución y amenazas por denunciar

De acuerdo con el denunciante, el hombre a quien señala de estafarlo, envía a los trabajadores hasta su casa en las madrugadas, quienes se parquean al frente y tratan de observar los movimientos al interior.

También indicó que cuando se moviliza en su carro lo persiguen y prueba de ello es que la Policía los ha interceptado e individualizado. Hasta en las afueras de la Fiscalía, en la carrera 23, y en la oficina del abogado, ha sorprendido a los sujetos.

La persecución también ha sido por medio de mensajes intimidatorios, a través de WhatsApp, y con señalamientos contra él pretenden desviar la atención por su caso y de otros similares en los que él es testigo.

La estafa que denuncia

De acuerdo con la denuncia, el ciudadano creyó en la propuesta de un hombre frente a un supuesto negocio rentable.

En el 2022 conoció al tipo, conocido como Carlos, a quien le dio $120 millones, con lo que se incluía la compra de la mitad de un local cerca de la Plaza de Toros.

Luego le pidió que le ayudara a pagar una hipoteca bajo más promesas de ganancias y le terminó entregando tres carros avaluados en $168 millones. Sin embargo, todo terminó siendo un engaño y los vehículos habrían terminado en manos de otras personas, por traspasos con documentos falsos.

Estancados en la Fiscalía

La víctima solicitó la intervención de la Procuraduría, pues asegura que la Fiscalía tipificó los delitos como abuso de confianza. Además denunció ante la Defensoría del Pueblo porque asegura ser testigo de un hecho de desplazamiento forzado y hurto en Tolima, cuyo autor sería el mismo hombre al que señala.

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