Foto| LA PATRIA  César Ramírez Botero, de 43 años, representante legal de la Constructora El Ruiz, y su esposa, Paula Milena Sepúlveda Castaño, cuando fueron detenidos por otro caso.

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César Ramírez Botero, de 43 años, representante legal de la Constructora El Ruiz, y su esposa, Paula Milena Sepúlveda Castaño, cuando fueron detenidos por otro caso.

 

César Ramírez Botero, de 43 años, representante legal de la Constructora El Ruiz, y su esposa, Paula Milena Sepúlveda Castaño, de 45, recibieron recientemente condena de un juzgado de Manizales por estafa en masa, donde aparecen como víctimas 20 caldenses.

Se explicó en audiencia que, como parte de su actividad, la empresa Constructora El Ruiz SAS puso en el mercado inmobiliario un ambicioso proyecto urbanístico denominado Alta Gracia, consistente en la construcción de 184 apartamentos con áreas entre 82,75 y 129 metros cuadrados, completamente terminados.

"Tendría una dotación de 2.500 mts2 de zonas comunes que incluían sauna, turco, jacuzzi, piscina, gimnasio, zona BBQ, espacios para yoga y mascotas, salones para niños, sociales y de videojuegos, oratorio, coffee break y hasta cancha de squash. La oferta se ubicaba en el sector de Tejares, vía a Expoferias, contiguo al Batallón Ayacucho, presentándose como de los desarrollos más innovadores de la ciudad".

Foto del Facebook de la constructora, publicada en el 2018.

 

Añadió el ente acusador que para estimular la adquisición de las unidades, los procesados ofrecieron descuentos especiales a quienes accedieran a realizar los pagos, no a través de la fiducia del proyecto, como lo exige la normativa urbanística y financiera, sino directamente a las cuentas de la constructora o, incluso, a las personales.

 

Engaño

"Alegaban que esos recursos se requerían para sufragar gastos de trámites como permisos ambientales ante Corpocaldas, levantamiento de muros de contención y modificaciones de planos con miras a la obtención de la licencia de construcción. La estrategia tuvo éxito y numerosos compradores confiaron en la propuesta, entregando cuantiosas sumas de dinero respaldadas con contratos de promesa de compraventa, recibos, pagarés y comunicaciones que aparentaban legalidad", se expresó.

Sin embargo, se constató que los esposos jamás obtuvieron licencia de construcción para el proyecto, pues la Curaduría Segunda Urbana de Manizales declaró desistida la petición inicial y mediante resolución del 16 de junio de 2020 negó expresamente la posibilidad de edificar en el predio con matrícula inmobiliaria 100-204594.

"A pesar de conocer esta imposibilidad jurídica y material, los esposos Ramírez–Sepúlveda continuaron captando recursos de los compradores, sin consignarlos en la fiducia ni devolverlos cuando las víctimas desistían. Antes bien, sostenían excusas sobre supuestas demoras en permisos oficiales, necesidad de capitalizar las obras o ajustes técnicos, comprometiéndose reiteradamente a reembolsar los dineros, lo que nunca ocurrió".

La maniobra se prolongó entre el 7 de diciembre de 2017 y el 9 de julio de 2019. El perjuicio total causado ascendió a $4.386 millones 279 mil. El de menos entregó $53 millones y, el de más, $515 millones.

"Los esposos, dijo el ente acusador, diseñaron y ejecutaron un plan fraudulento consistente en captar dineros en masa a través de contratos de promesa de compraventa de inmuebles inexistentes o inviables jurídicamente, comprometiéndose en obligaciones imposibles de cumplir, lo cual permitió un apoderamiento ilícito de recursos pertenecientes a particulares".

El daño económico no fue reparado, muy a pesar de los años que han trascurrido desde la ejecución de los mismos, lo que aún se mantiene, todo ello con pluralidad de víctimas (masa), quienes ahorraron recursos para tener la satisfacción de tener casa propia, o realizar inversiones para tener una buena calidad de vida, expresó el juez.

Se había imputado concierto para delinquir, pero ese delito no se demostró. La pena fue de 40 meses y fue apelada ante el Tribunal Superior de Manizales. Les dieron domiciliaria.
 

Procesos

  • -Ante un juzgado de control de garantías de esta capital, les habían imputado otro por supuesta estafa agravada en masa, con 11 víctimas reconocidas. Los hechos habrían ocurrido del 15 de diciembre del 2014 a abril del 2018, con proyectos ofertados en edificio Piedranova, barrio La Camelia; carrera 11 Nº 9-32 (Brizzo), y calle 10 Nº 10-21 (Reggata), ambos de Chipre. El monto es de unos $2.121 millones.
  • -Otro, por la venta de apartamentos en el proyecto Umbrela de los Guayacanes, en Anserma, donde se les incumplió a los compradores y no se les reintegró el dinero. 

 

Sobre Umbrela de los Guayacanes, en Anserma

  • El Informador de Occidente conoció que el proyecto habitacional Umbela de los Guayacanes, ubicado en el barrio El Carmen de Anserma, junto al cementerio San Nicolás, se reactivará luego de varios años de estar suspendido. Esta obra, que comenzó a ser construida por la Constructora Ruiz, había quedado inconclusa por dificultades financieras, pero tras un proceso de liquidación y evaluación técnica ahora se perfila para continuar con una nueva etapa.
  • En diálogo con ese medio, el asesor Carlos Augusto Orozco explicó que el proceso de liquidación ya terminó y que el liquidador finiquitó todos los componentes para llegar a un acuerdo general. Señaló que el edificio había sido recibido por una entidad financiera que posteriormente vendió sus acreencias a una constructora de Manizales. “Me imagino que esa constructora va a dar inicio o va a continuar lo que hoy hay ahí, pero por lo menos dejar en funcionamiento y darle una mejor presentación a estas dos torres de apartamentos. Es muy interesante porque eso no va a quedar ahí abandonado y, como se dice coloquialmente, se le va a meter la mano”, expresó.
  • Orozco explicó que durante un año acompañó al ente liquidador en la evaluación, brindando asesoría técnica sobre el estado de los componentes y del edificio en general. Se hizo una valoración integral que permitiera darle viabilidad y continuidad al proyecto. Como parte de ese trabajo, se contrató a una empresa especializada que realizó una patología estructural con el fin de revisar las condiciones generales de las dos torres.

  • El resultado fue positivo: la estructura no presenta problemas de gravedad que impidan su desarrollo. Aunque se requieren reparaciones y arreglos en algunos puntos, así como la culminación de áreas pendientes desde lo constructivo y arquitectónico, el estudio concluyó que el edificio reúne todas las condiciones para continuar. También se le practicó un análisis de verticalidad para verificar posibles desviaciones o inclinaciones, y el dictamen fue que la estructura está en perfectas condiciones.
  • Incluso, según indicó, pese a que en la región se han presentado algunos eventos telúricos, las torres han demostrado un buen comportamiento, lo que respalda la seguridad del proyecto y da confianza para su continuación.
  • Finalmente, Orozco resaltó la importancia de que se dé continuidad al proyecto, pues permitirá embellecer este sector de Anserma y ofrecer nuevas alternativas de vivienda.

 


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