Un duro golpe contra la extorsión asestaron las autoridades en enero pasado, cuando dieron cuenta del desmantelamiento de una banda, integrada por 18 personas, que se encargaría de intimidar a comerciantes del Occidente de Caldas. Si no accedían a los pedidos, eran amenazados de muerte.

La investigación permitió detectar que estaba compuesta no solo por habitantes de esta región, sino además de municipios vecinos. Las declaraciones de las víctimas de las intimidaciones fue vital, pues no solo contaron lo que vivían, además entregaron los alias de los supuestos extorsionistas.

Uno de estos, apodado Piolín, está detenido en la estación de Policía de Belalcázar. La semana pasada, su abogada pidió una audiencia ante un juez de control de garantías, para lograr o la libertad o el cambio a una domiciliaria.

Incluso, alega que su defendido nada tiene que ver con estos hechos, que es Úber y que el día de la extorsión que le indilgan estaba en otra parte, como lo demostraría un GPS. Además, que tiene algunas enfermedades que le impiden estar detenido.

La audiencia

El caso lo lleva la Fiscalía Segunda Local de Manizales por extorsión y concierto para delinquir agravado. A Piolín le atribuyen intimidar a varias personas.

Piolín asegura que el problema entre él y un prestamista es personal, que el señor le prestó dinero a una familiar y luego, como ella no pagó los intereses, le mandó a cobrar de no muy buena manera, por lo que tuvo que entrar a defender a la señora.

"El gota a gota se fue para la Policía y dijo que lo estaban intimidando y le cobraban una cuota de $2 millones", explicó la defensora del procesado. A la vez expresó que una persona privada de la libertad goza de derechos constitucionales como la salud, la dignidad, a tener visitas.

"Mi cliente tiene la salud muy afectada, sufre de una migraña constante, por la cual le deben suministrar una droga en el comando de Policía de Belalcázar. Un lugar muy limpio, aseado, muy bien tenido, pero de espacio muy pequeño, donde se encuentran 5 personas privadas de la libertad. Cuenta con arraigo social y laboral, carece de antecedentes penales y tiene disposición de comparecer al despacho. No es un peligro para la sociedad, responde por una niña de 2 años. Pretendemos una revocatoria de la medida de aseguramiento o domiciliaria en Dosquebradas", enfatizó.

No está de acuerdo

El fiscal argumentó que entre el 30 y 31 de enero se sustentó con solvencia la necesidad de tenerlo encerrado, como una de las personas que hacían parte de La Oficina, en Belalcázar.

"Hay un organigrama estructural, donde aparece efectivamente el procesado con el alias de Piolín, además de entrevistas de varias personas que indican que él era el encargado de las extorsiones en esa población caldense. Así mismo, audios que comprometen la responsabilidad del señor. No comporta la solicitud de la abogada".

Añadió que no hay hechos nuevos que desvirtúen que ya no es un peligro para la sociedad y las víctimas.
En su decisión, el juez acompañó el planteamiento del fiscal, pues no se demostró que deba cambiarse la medida, tampoco se aportó la valoración que demuestre los problemas de salud. Adicional, las víctimas lo señalan directamente de pedir dinero.

"Piolín y Bryan me explicaron que me había mandado a decir el patrón que tenía que empezar a pagar la vacuna, que porque yo prestaba plata. Les respondí que mi línea de cobro era muy poquita y no tenía forma. Ellos me manifestaron que era eso o pagar con la vida, que también sabían de mi familia, que si no les cumplía, nos iban a matar".

"Me dieran tiempo para conseguir lo que me pedían, que todo el mundo estaba pagando acá, en San José, La Virginia, que eran primero $2 millones del cupo y luego $400 mil mensuales para poder trabajar sin problemas y contar con seguridad. Que ojo con ponerme de sapo, que la misma Policía les contaba. Sé que le pidieron plata a otros comerciantes e intimidaban con desplazarnos".

El juez consideró que esta declaración de un afectado es clave para vincularlo al proceso. Anotó que los elementos presentados no diluyen esa inferencia razonable de autoría y participación en la conducta que se investiga y negó lo pedido. La abogada apeló.

 Así operaban

• -La operaciones ejecutadas por el Gaula de la Policía Nacional se desarrollaron entre Pereira, La Virginia, Belalcázar, Viterbo y Cartago.
• -Los 18 detenidos son señalados de integrar el grupo delincuencial La Oficina y enfrentan cargos por concierto para delinquir y extorsión.

• -Al parecer, la banda estaría al servicio de la organización Cordillera, de Pereira, del 2022 al 2025.
• -De acuerdo con las investigaciones, los capturados exigían pagos entre $150 mi y $600 mil mensuales a prestamistas, comerciantes, administradores de fincas y expendedores de sustancias ilícitas, bajo amenazas de atentar contra su integridad.

• -Entre los detenidos figura el presunto cabecilla del grupo, identificado en el mundo criminal con el alias de Rambo.
• -El resto de la banda estaba integrado por tres mujeres y otros 14 hombres.

• -Las autoridades resaltaron que este golpe debilita la estructura de La Oficina en la región y reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho de secuestro o extorsión a través de la línea gratuita nacional 165.
• -8 de los 18 fueron aprehendidos en Viterbo y Belalcázar.

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