Un video difundido en redes sociales ha encendido la polémica: en él se observa a un agente de la policía de Armenia (Quindío) proferir amenazas de muerte hacia un ciudadano identificado como abogado, en el marco de un procedimiento policial.

La denuncia fue hecha públicamente por el abogado Diego León Valencia, quien afirma que dichas amenazas surgieron cuando reclamó por irregularidades en la actuación del uniformado.

El hecho ha provocado una ola de reacciones ciudadanas y ha motivado la intervención de la institución policial regional, que abrió una investigación disciplinaria.

Viralización del video y denuncia del abogado

En redes sociales circula un video en el que, al parecer, un policía agrede verbalmente a un hombre durante un procedimiento de inmovilización (embargo) de una motocicleta.

El denunciante es el abogado Diego León Valencia, quien sostiene que el acto fue parte de una diligencia de embargo que consideró irregular.

En declaraciones a Infórmate Eje, noticiero realizado entre el periódico LA PATRIA y el canal Telecafé, Valencia dijo que el agente “lanzó improperios y me amenazó de muerte”, lo que quedó registrado en el video. Según su versión, las amenazas habrían escalado hasta asegurarle que “me iba a buscar” incluso sin uniforme.

El abogado afirma que el agente implicado habría actuado de manera arbitraria y con vulneración de los derechos del ciudadano al inmovilizar el vehículo sin justificación. La confrontación habría comenzado tras observaciones del abogado sobre fallos en el procedimiento oficial.

El video generó miles de reacciones en redes sociales, con ciudadanos pidiendo sanciones ejemplares para el uniformado y una mayor transparencia en las actuaciones policiales.

Valencia ha anunciado que llevará la denuncia también ante autoridades disciplinarias y penales, para que se impongan sanciones correspondientes por la amenaza de muerte y el abuso de autoridad.

Los hechos que escalaron hasta el escándalo

El incidente ocurrió el 9 de octubre de 2025, el abogado afectado llegó al lugar cuando un amigo solicitó su asesoría porque unos uniformados le iban a inmovilizar la moto por un embargo.

El abogado aseguró que se trataba de una orden de embargo, no de una inmovilización, requisito indispensable para retirar el vehículo.

El abogado León se identificó ante el intendente John Castaño y le manifestó la irregularidad que estaba a punto de cometer.

“No vamos a discutir, voy a hacer un video de constancia para actuar ante las autoridades correspondientes”, dijo el abogado

En el video se observa cómo el policía increpa al abogado y lo amenaza en repetidas ocasiones con la frase: “Si usted me hace echar, yo lo pelo”.

El abogado ha insistido en que nunca fue grosero y que su intervención se limitó a defender los derechos de su cliente.

El policía retuvo la cédula de Diego León e impuso un comparendo por supuesta violencia contra servidor público, acusación que el abogado rechaza.

El abogado afectado anunció denuncias penales y disciplinarias contra el uniformado, por las amenazas, abuso de autoridad y fraude procesal.

Policía de Quindío rechaza comportamiento del uniformado

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío, rechazó categóricamente los hechos señalados. En su pronunciamiento señaló que el comportamiento denunciado “no refleja el sentimiento ni el profesionalismo de los hombres y mujeres que con conducta correcta trabajan por la seguridad de la comunidad”.

Además, la institución confirmó que se abrió un proceso disciplinario interno administrativo para determinar responsabilidades.

En el mismo sentido, la Policía citó formalmente al abogado denunciante Diego Valencia y al coronel Atuesta para que aporten pruebas o versión de los hechos dentro del proceso disciplinario.

Posible responsabilidad penal del policía

Más allá de la vía disciplinaria, la amenaza de muerte proferida por un agente puede constituir un delito bajo el Código Penal colombiano, dependiendo del contexto, gravedad y elementos de tipicidad (amenaza agravada, intimidación, abuso de autoridad).

Dado que el agente es miembro de la Fuerza Pública, si se determina que la conducta está ligada con el servicio podría quedar sujeto al fuero penal militar/colegiado, según la ley penal militar vigente y las normas aplicables a los miembros de la fuerza pública.

Tomando en cuenta los hechos denunciados y el marco normativo vigente, el agente podría incurrir en una falta disciplinaria gravísima o al menos grave, dependiendo de cómo se acrediten los hechos y la intención dolosa.

* Esta información es producto de la alianza entre el periódico LA PATRIA y el Canal Regional Telecafé.

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